La Cámara de Diputados decidió heredarle a la próxima Legislatura la votación de las cuentas públicas 2004 y 2005, y permitir que en estas tres últimas sesiones se aprueben dictámenes que consideran prioritarios, como los de seguridad y justicia.

Diferencias internas de las tres principales bancadas provocaron que se aplazara la discusión de las cuentas públicas 2004 y 2005, correspondientes al sexenio de Vicente Fox, a pesar de que los diputados habrán incumplido con el ordenamiento constitucional que los mandató a aprobar las cuentas públicas pendientes —de 2002 y hasta 2006— antes de terminar la actual Legislatura, que formalmente se clausura el 30 de abril.

La semana pasada, en un hecho sin precedente, los diputados federales de oposición rechazaron las cuentas públicas 2002 y 2003 del sexenio foxista, es decir, la forma cómo se ejerció el gasto público, lo que puso en evidencia la falta de reglas para la calificación de los resultados de cada año de un gobierno.

Por no existir precedente en el rechazo de las cuentas públicas, los diputados no saben qué hacer tampoco con las cuentas 2004 y 2005, que estaban agendadas para la sesión de ayer.

Las asesorías legales de los partidos refieren la necesidad de no aprobar más resolutivos sino hasta que se liberen las cuentas reprobadas de 2002 y 2003; pero para los diputados no tiene que ver una cosa con la otra.

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara baja, César Horacio Duarte (PRI), admitió que el proceso es inédito y que esperarán a que la Comisión de Presupuesto retome el tema y ofrezca una solución, haga un nuevo dictamen y se someta de nuevo a votación del pleno.

Sobre las cuentas públicas que acordaron solventar antes de abandonar sus curules y que fueron retiradas de la agenda, Duarte aseguró que no estarán congeladas; “estarán en ese proceso porque, como es un hecho inédito, tenemos que esperar la resolución de la Comisión de Presupuesto para este efecto”.

La legisladora del PRD Susana Monreal, de la Comisión de Presupuesto, insistió en que los legisladores están en desacato, pues en la Constitución se venció el tiempo de aprobación de las cuentas públicas desde noviembre de 2007.

El 7 de mayo de 2008 se publicó un transitorio constitucional:

“La Cámara de Diputados, dentro de los 180 días naturales posteriores a la entrada en vigor de este decreto, deberá concluir la revisión de las cuentas públicas correspondientes a los ejercicios fiscales 2002, 2003, 2004 y 2005 … la 2006 deberá ser concluida durante 2008, y la 2007 deberá concluir en 2009”, señala el cuarto transitorio constitucional.

Monreal refirió que no hay acuerdo sustentado para dejar en manos de la siguiente Legislatura la continuación de la revisión de las cuentas públicas del sexenio foxista.

“Más allá de los argumentos políticos o electorales, de los tiempos de conveniencia de cada partido, hay una obligación central de los diputados que está en la Constitución, y no cumplirla es desacato, es estar sujetos a juicio político por no cumplir con el mandato”.

Paralelo al incumplimiento de las fechas está la interpretación de las normas internas en San Lázaro, pues históricamente las cuentas públicas se dictaminaban en la Comisión de Presupuesto y se presentaban al pleno, pero no se debatían ni se votaban; este cambio es de la 59 Legislatura, con la revisión del primer año de Vicente Fox.

En la Mesa Directiva de la Cámara baja se agendaron ya los temas a tratar en las dos últimas sesiones formales de la actual Legislatura, pues la última será sólo de clausura.

La decisiones en torno a las cuentas públicas se dan en medio de acusaciones de corte personal entre diputados y el mismo ex presidente Vicente Fox.