En 2013, después de que el presidente Felipe Calderón haya concluido su sexenio, es factible que el Ejército pueda regresar a sus cuarteles y dejar el combate contra el crimen organizado y el narcotráfico, advirtió Monte Alejandro Rubido García.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad Pública afirmó que la participación de los militares terminará hasta que haya grupos policiacos locales y estatales certificados, equipados y capacitados, que, a su consideración, no es un escenario irreal.

Con 15 días en el cargo, el también vocero federal en materia de seguridad enfatizó que para finales del sexenio el despliegue militar podría estar acotado, pero actualmente, “sin su participación, es impensable un combate exitoso contra el narcotráfico”.

El 11 de abril pasado, Rubido García presentó cifras con una reducción en el número de ejecuciones vinculadas con el crimen organizado en 2009, “porque todos los cárteles han sido mermados y golpeados por el gobierno federal”.

¿El reforzamiento de los operativos ha provocado una recomposición de los cárteles? ¿Cuáles se dedican ahora a prácticas de extorsión o secuestro?

Todos los cárteles lo han hecho. Han diversificado su actividad delictiva y han sumado el secuestro, la extorsión y el tráfico de personas por el acotamiento que están viviendo por parte del gobierno federal, por eso su desesperación. Ellos han tenido que virar hacia otro tipo de actividades y ahí también los estamos mellando… acorralando.

¿La reducción de ejecuciones muestra una recomposición del narcotráfico en México?

Tenemos que asumir que los cárteles se pelean, sí, por las plazas, por las rutas de trasiego, los nodos carreteros, los aeropuertos y los puertos. Por eso hay zonas del país donde con mayor intensidad se dio la violencia en estos meses, caso particular Chihuahua, donde está la disputa no sólo por la introducción de la droga a Estados Unidos, sino también por el control de la plaza.

En este sexenio, ¿qué cárteles han sido acotados, expandidos o diluidos? ¿Han cambiado sus alianzas?

Acotados todos, ahí están las cabezas, está Vicente Carrillo, Vicente Zambada, Sergio Peña Mendoza, El Concord; Héctor Huerta La Burra Ríos; Jaime González, El Hummer; también está Eduardo El Doctor Arellano; Alfredo Beltrán El Mochomo Leyva, y otros. No ha habido uno solo de los cárteles actuantes en el país que no haya sufrido en los últimos meses un golpe importante en los niveles superiores de dirección de los mismos. Eso es lo que propicia que se hagan y se modifiquen estas alianzas.

Como por ejemplo…

Simplemente enunciativo, pero no único: el caso del cártel del Pacífico, o cártel de Sinaloa, de donde se desprendió el grupo de los Beltrán Leyva, que hoy actúan como un propio cártel.

Hay detenidos, pero muchos de ellos siguen sin ser juzgados o extraditados.

Bueno, el juicio ahí está, pero tras su detención, el tema deja de estar en el ámbito del Ejecutivo y ahora ya lo tiene el Poder Judicial, como Sandra Ávila Beltrán, la Reina del Pacífico, ella está sometida a juicio...

¿Cuándo se le dictará sentencia?

Pues eso dependerá de cómo transcurre su proceso.

Lo subrayo porque sus capturas se difunden como logros…

La competencia de nosotros es poner a disposición de las autoridades judiciales a los presuntos delincuentes, lo que se puede hacer mediante el arriago y la consignación posterior, pero sabemos que los tiempos del juicio dependen de la habilidad de los abogados.

¿Cuánto tiempo más realizará el Ejército tareas de seguridad? En Ciudad Juárez se puso septiembre como el plazo límite.

En el país, el calendario va a acabar cuando sea necesario. En el caso de Ciudad Juárez, estamos hablando de la etapa del reforzamiento de operativos, donde consideramos que para septiembre se habrá desmantelado la estructura del narco, con una recomposición de la policía estatal y la municipal. Allá hubo complacencia o complicidad de parte de corporaciones policiales.

¿Se hará extensivo ese tipo de convenios? Y si es así, ¿en qué ciudades?

No se está pensando en un lugar en específico, porque no ha habido necesidad de hacer un reforzamiento especial. Recordemos que a finales de febrero fue cuando se anunció el reforzamiento del operativo en Ciudad Juárez, pero actualmente no estamos con un calendario, porque la acción gubernamental abarca todo el país.

Entonces, en 2012, cuando acabe el sexenio, ¿hay la posibilidad de que sigamos viendo al Ejército en las calles?

Creo que existe la posibilidad y la propia Ley del Sistema de Seguridad Pública establece que tenemos hasta enero de 2013 para que todos y cada uno de los policías estén certificados. Cuando ese policía haya aprobado todas las baterías de los exámenes de control de confianza, recibido los cursos de preparación, capacitación, de formación, es evidente que el Ejército podrá regresar a los cuarteles…

Hasta que haya una depuración de policías…

Mientras no tengamos esas policías total y absolutamente profesionalizadas, yo creo que no es viable pensar que el Ejército deje de estar en la lucha contra la delincuencia; en este caso, si contamos con cuatro años que nos establece la ley como máximo, sí es muy factible que lleguemos a 2012 todavía realizando este tipo de tareas quizá mucho más acotado (el Ejército) en cuanto a los espacios de actuación que tenemos hoy en día.

¿El Ejército tiene la capacidad de movilizarse por tanto tiempo, cuando hay la posibilidad de que se aparte para cumplir tareas constitucionales?

Bueno, no estamos pensando en fechas tan lejanas. Hay que ubicar por qué el Ejército está en esta lucha, ya que es el único con despliegue nacional. No podemos pensar esta lucha contra la delincuencia organizada sin su participación, ya que tenemos unos 24 mil policías federales de un gran universo de aproximadamente 420 mil. Esto es insuficiente, además si se detecta que falta capacitación y equipamiento.

¿Qué tan frágil puede ser este esfuerzo de depurar las policías? En México suena a quimera.

La ley establece que si alguien llega a falsificar un certificado de acreditación policial, puede purgar hasta 12 años de cárcel. Esto le quita cualquier tinte quimérico que pudiera tener, ya que el Consejo Nacional de Seguridad Pública puede decretar que se suspendan o cancelen los recursos cuando haya un manejo inadecuado de los mismos.