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Con la expectativa de ser escuchados y tomar parte en las decisiones sobre la política de seguridad pública, así como de lograr una distribución más equitativa de los recursos destinados a este rubro, representantes de los más de 2 mil 400 alcaldes del país instalaron la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal.

El órgano colegiado, integrado por 62 presidentes municipales y dos jefes delegacionales del Distrito Federal, se incorporó de manera permanente como una de las instancias de consulta y vinculación del Consejo Nacional de Seguridad Pública, en el que ya participan los gobernadores, los procuradores de justicia y los secretarios de seguridad pública del país.

“Los alcaldes del país queremos no sólo que nos escuchen, sino también tener la posibilidad de hacer propuestas en materia de seguridad pública, por ejemplo en la distribución de los recursos, que ya están fluyendo, pero todavía no son suficientes ni equitativos, explicó el presidente municipal de Uruapan, Antonio González Rodríguez.

El edil consideró que se requiere impulsar una estrategia conjunta para enfrentar al crimen organizado, que incluya al Congreso y a los tres niveles de gobierno, y que tome en cuenta el hecho de que es en los municipios del país donde el problema se enfrenta de manera cotidiana.

Para ello, detalló, los gobiernos municipales requieren de más recursos para capacitar y equipar a sus policías, y mejorar sus salarios, para evitar que los agentes se sumen a las filas del crimen organizado.

Para el edil de Chihuahua, Carlos Borruel Baquera, la clave está en una amplia participación de los tres niveles de gobierno, pues si bien el tema de delincuencia organizada es de competencia federal, la seguridad pública atañe a los municipios, que deben estar en las mejores condiciones para garantizarla.

Al respecto, Monte Alejandro Rubido, secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional y vocero del gobierno federal en materia de seguridad, rechazó que el crimen organizado esté suplantando al Estado mexicano en algunas regiones del país.

“Definitivamente no. Es una amenaza para las instituciones, está retando al Estado, pero no lo está suplantando”, dijo y destacó que el gobierno federal trabaja en cuatro ámbitos para fortalecer las capacidades de las instituciones para enfrentar al crimen organizado.

El primero es el operativo, con el despliegue de fuerzas federales en las zonas del país con problemas de delincuencia organizada, los operativos conjuntos y la coordinación de instancias; el segundo es el institucional, en el que se está haciendo un esfuerzo por reformar instituciones y leyes y contar con mejores herramientas para enfrentar el fenómeno.

“También estamos incorporando a la sociedad en la lucha y el cuarto es el proceso de limpieza permanente de los cuerpos policiacos”, explicó.