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El secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, emplazó a las autoridades encargadas de la seguridad del país a cumplir su labor, porque “la intervención del Ejército en el combate al crimen organizado tiene un calendario”.

Durante la instalación de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, Gómez Mont afirmó que el Ejército ha sido llamado a cumplir un deber que no le es natural y que le es extraordinario, para darle tiempo al sistema a reconstruirse y a recuperar las potencias necesarias para ser funcionales.

Al respecto, presidentes municipales de ayuntamientos que enfrentan problemas de delincuencia organizada, consideraron que el Ejército debe permanecer en funciones de seguridad pública hasta que sea posible retirarlo sin que se presente una nueva crisis en este rubro.

“Es muy complicado hablar de plazos para que el Ejército se retire de las tareas de seguridad pública, la decisión debe surgir de un diagnóstico, para tener la tranquilidad de que se ha cumplido su cometido”, expresó el alcalde de Chihuahua, Carlos Borruel en el encuentro.

Gómez Mont comprometió a la Federación a hacer lo que le corresponde en la materia, y señaló que espera que el resto de los involucrados hagan lo propio, ya que la impotencia, dijo, es traición y deber incumplido.

“Si no somos capaces de generar los instrumentos para defender al más débil frente al violento, la justificación del Estado entra en un riesgo irreversible, porque aquellos que decimos sostener una vocación política y de servicio público, nos desdibujamos”, admitió.

El funcionario sostuvo que un marco de democracia sin seguridad puede llevar a la ingobernabilidad, así como la seguridad sin democracia, al autoritarismo.

“Esta violencia es una amenaza insoslayable al régimen de libertades y derechos que los mexicanos reclaman y exigen. Y que sólo le toca al Estado, en términos democráticos, presentar la fuerza necesaria para someterla”, añadió.

A la conferencia llegaron 64 alcaldes y el Secretario Técnico del Consejo Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido García, quien señaló que los gobiernos estatales y municipales deben recuperar el control de sus corporaciones policiacas.

“Debemos tener conciencia de que hay responsabilidades específicas para cada uno de los órdenes de gobierno y es necesario que los gobiernos estatales y municipales recuperen el pleno control de sus corporaciones policiales para cumplir su cuota de esta lucha contra la inseguridad”, indicó Rubido García.

Por su parte, presidentes municipales de algunos de los ayuntamientos con mayores problemas de seguridad en el país, coincidieron en que el ejército debe retirarse de las funciones de seguridad pública, pero no de inmediato y, sobre todo, sin un diagnóstico previo en el cual se establezca que ha cumplido su objetivo.

“Estamos viviendo una crisis muy difícil a nivel país, similar a la que enfrentamos con los sismos de 1985, pero ahora en materia de seguridad, y el Ejército ha sido un gran apoyo, por lo que considero que al menos en los próximos 12 o 18 meses debe continuar en las tareas de seguridad pública”, opinó Antonio González Rodríguez, presidente municipal de Uruapan, Michoacán.