En el caso de Ceila Karina Maldonado Camacho, Yolanda Saldaña García y Yadira Pérez Jiménez se les imputa que, durante su gestión como servidores públicos en una agencia ministerial de la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas, aprovecharon sus cargos para facilitar a “Los Zetas” la recuperación de los cuerpos de los miembros de su organización —pistoleros al servicio del narcotráfico— que caían abatidos en enfrentamientos con elementos federales.

(Francisco Gómez)