La comisión que se encargó de investigar los conflictos magisteriales, políticos y sociales que se vivieron en Oaxaca durante el 2006, y a las administraciones del gobernador Ulises Ruiz y del ex presidente Vicente Fox, comprobó la existencia de violaciones graves a la garantías de la población cometidas, en este caso, por diversas autoridades.

Pero, los magistrados encargados de las indagatorias, Roberto Lara Hernández y Manuel Baraibar Constantino, omitieron dar a conocer los nombres de los funcionarios involucrados, pues, explicaron, será el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el que declare, en definitiva, si se registraron violaciones en el caso de Oaxaca.

Al presentar los resultados de sus indagatorias ante el Pleno del máximo tribunal, los magistrados aclararon que en su reporte no “se adjudican responsabilidades, sino únicamente se identifican a las personas que participaron en los hechos calificados como graves violaciones a las garantías individuales”.

Para llegar a esta conclusión, entre otras cosas, la comisión investigadora dijo que realizó 346 entrevistas tanto a autoridades federales, estatales, municipales, así como a ex funcionarios de los tres niveles de gobierno; además de a integrantes y simpatizantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca; miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación; y del sector económico y turístico, restauranteros, hoteleros, comerciantes, notarios; y miembros del clero oaxacaqueño, entre otros.

En su reporte ante la Corte, por cuestiones de reserva, los magistrados omitieron dar a conocer en público los detalles de las conclusiones a las que llegaron en su informe, que consta de 39 tomos, con un total de 6 mil 600 páginas.

Una vez que presentaron su reporte final, el presidente de la Corte, Guillermo Ortiz, declaró concluidas las actividades de la comisión investigadora del caso Oaxaca y, por turno, le entregó al ministro Mariano Azuela el informe preeliminar para que lo revise, lo analice y elabore un dictamen en el que le proponga al pleno del máximo tribunal declarar si existieron o no violaciones graves a las garantías individuales en este asunto.

Azuela tiene atribuciones para volver a citar a declarar a las autoridades —de cualquier nivel— que él considere necesario para que aclaren su participación en los hechos, en especial si considera que alguna es responsable de incurrir en violaciones graves a las garantías de la población.

El único problema con el ministro Azuela es que su periodo como integrante de la Corte termina el 30 de noviembre próximo y se desconoce si en 8 meses podrá concluir su dictamen, al igual qué se ignora qué pasaría si no termina el dictamen antes de dejar la Corte, pues no se sabe qué ministro se haría cargo del asunto.

La Corte decidió ejercer su facultad de investigar violaciones graves en el caso de Oaxaca, en respuesta a una solicitud que le hizo la Cámara de Diputados.