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Luchan solos por recuperar a sus hijos

Deficientes investigaciones de las autoridades, apatía al no impedir que los menores sean sustraídos (en la mayoría por alguno de los progenitores) y apoyo nulo en el extranjero obligan a padres de familia a iniciar sus propias gestiones
Lunes 23 de marzo de 2009 Silvia Otero | El Universal
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silvia.otero@eluniversal.com.mx

 

Emprendieron su propia cruzada para recuperar a sus hijos. Se enfrentaron a la ineficacia y desinterés de las autoridades mexicanas, y después lucharon por cuenta propia en el sistema legal de Estados Unidos.

José Guadalupe Gómez Arteaga logró en 2001 que un juez estadounidense le concediera la custodia de los dos menores con los que regresó al país. Roberto Ramírez Escalante, después de tres años, en 2005, volvió a encontrarse con sus hijos y logró que su mujer fuera la primera en ser procesada en México por el delito federal de sustracción de menores.

Hoy, ambos padres apoyan a otras personas que padecen esta misma situación, pues saben que nada ha cambiado. Gustavo Díaz Castro presidente del grupo Padres de Familia de Niños Desaparecidos, quien durante 15 años también se dedicó a buscar a sus dos hijos por cuenta propia, afirma que “falta una política de Estado real para atender los casos de sustracción de menores”.

El ejemplo más reciente, recuerda, es el de los siete menores desaparecidos en los albergues Casitas del Sur, donde ni la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal ha podido explicar dónde están las víctimas que estuvieron bajo su custodia.

La experiencia de estos tres hombres no les hace dudar: las investigaciones son deficientes, nadie hace nada para impedir que los niños sustraídos sean sacados del país; y en los casos en que los infantes son localizados en el extranjero, aseguran, el apoyo es nulo o acotado.

Por ejemplo, señalan, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) se limita a notificar a los padres dónde están los menores o pone anuncios en busca de abogados baratos que ayuden a las familias en el extranjero, para poder ir a juicio y recuperar a sus hijos.

Sin embargo, la Dirección de Derecho de Familia de la Cancillería mexicana tan sólo entre 2004 y 2008 ha recibido un total de 550 solicitudes de padres de familia pidiendo la restitución de sus hijos que han sido sustraídos y llevados a Estados Unidos u otro país en el extranjero, sin precisar en cuántos de estos casos las gestiones han sido exitosas.

Desde enero de este año, EL UNIVERSAL solicitó en repetidas ocasiones una entrevista con los responsables de esta área para conocer la labor que realiza para ayudar a hombres y mujeres que intentan recuperar a sus hijos —en su mayoría sustraídos por otro de los padres de familia—, pero la dependencia nunca dio respuesta.

Lucha en solitario

En febrero de 2001, Paulina y Cristian (entonces de cinco y cuatro años) desaparecieron junto con su madre. José Guadalupe intentó presentar la denuncia en su estado, Jalisco, pero le dijeron que “no había delito que perseguir” aunque la sustracción de menores ya era un delito federal de acuerdo con el artículo 363 del Código Penal.

Presentar la denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) y obtener una orden de aprehensión contra su esposa, fue un simple trámite, pues él tuvo que costear su propia investigación para saber que su familia estaba en Estados Unidos, “ni siquiera Interpol intervino”.

Con la asesoría de la organización de Gustavo Díaz, este padre de familia pidió el apoyo de la SRE, donde llenó varios formularios. “La dependencia en realidad no hizo nada, se limitó a notificarme que la National Center for Missing and Exploited Children con apoyo del FBI localizaron a mis hijos y tenía que presentarme personalmente a una audiencia en Minneapolis, Minnesota”.

Con el fallo de un juez mexicano que le concedió la custodia —requisito obligado para recuperar a sus hijos en el extranjero— José Guadalupe inició una carrera contra el tiempo, pues apeló al Tratado de la Convención de La Haya sobre sustracción de menores, que establece que podía recuperar a los niños en los tribunales estadounidenses, siempre y cuando no hubiera transcurrido un año de su llegada al país.

El proceso tuvo un costo aproximado de 50 mil dólares —que el padre de los menores y dueño de un taller mecánico, aún sigue pagando— que incluyó los 300 dólares por hora que cobró el abogado, pues la SRE no pudo conseguir uno de la asistencia social; ninguna autoridad mexicana le ayudó a ofrecer pruebas, ni siquiera a traducir al inglés los cientos de documentos que debió presentar.

“Pero valió a pena: el 24 diciembre de 2001, mi regalo de Navidad fue regresar a México con mis hijos”.

Roberto Ramírez contactó a José Guadalupe al conocer su historia, para que le ayudara a recuperar a sus tres hijos, sustraídos por su mujer el 3 de julio de 2002 en San Luis Potosí.

La historia de trámites y de investigaciones por cuenta propia se repitió con este padre de familia. Aunque en su caso, la negligencia de las autoridades federales en México casi lo hace perder a Mayra, Haydeé y Luis Roberto (de entonces ocho, cinco y cuatro años de edad).

En septiembre de 2003 después de un proceso en la Corte de California, una juez de ese país ordenó el regreso de la mujer y sus hijos a México para que el caso lo resolvieran autoridades mexicanas, ya que existía la orden de captura contra Hilda Martín, la esposa.

En esa época Ricardo Gutiérrez Vargas, director de Interpol —hoy preso por vínculos con el narcotráfico— le negó todo apoyo a Roberto Ramírez. A pesar de que le notificaron personalmente el día que la mujer regresaría a México, nada hizo por detenerla y junto con los niños, volvió a desaparecer.

Roberto con ayuda de otros padres de familia como José Guadalupe y Gustavo, reiniciaron la búsqueda, hasta localizar en abril de 2004 a los menores en Naucalpan, estado de México, quienes tenían signos de maltrato por parte del padrastro. Inició una lucha ahora ante juzgados mexicanos, hasta que se le concedió la custodia el 3 de julio de 2005 y su ex mujer fue procesada… aunque al final le concedió el perdón para que ella pueda ahora ver a los niños cada vez que ellos lo piden.

Ante estos casos Gustavo insiste en la necesidad de una Procuraduría de Justicia Infantil a nivel nacional, donde existan investigaciones reales, esfuerzos concretos por recuperar a los menores sustraídos y no se repitan historias como la suya, tras 15 años de buscar a sus hijos, hoy adultos con otra identidad, se niegan a aceptar que él sea su padre.

 



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