liliana.alcantara@eluniversal.com.mx

WASHING-TON.— Organizaciones civiles solicitaron a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) su intervención a fin de que haga un exhorto al Estado mexicano y se suprima la aplicación del fuero militar en las investigaciones y enjuiciamiento de las violaciones a las garantías cometidas por elementos castrenses contra civiles.

En una audiencia celebrada ayer en la sede de la CIDH, en la que estuvieron presentes funcionarios de las secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores y Defensa Nacional, los representantes de ocho organizaciones no gubernamentales aseguraron que de 2006 a la fecha se incrementaron 600% las denuncias por abusos cometidos por el Ejército, y que 99% de ellas están impunes.

A decir de Juan Carlos Gutiérrez, presidente de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), los funcionarios mexicanos nunca se mostraron dispuestos a debatir el fuero.

“Nos sentimos defraudados por la respuesta del Estado mexicano, al que simplemente le hemos pedido aclarar si va a reformar o no la ley para que excluya del fuero militar a quienes violan los derechos humanos”, señaló, por su parte, Laura Aragón, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

Luis Arriaga, presidente del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Pro), aseguró ante expertos de la CIDH que “hay una correlación directa en la presencia de los militares que han sido desplegados para luchar contra los carteles de la droga y el aumento de las violaciones de los derechos humanos, pues la CNDH registró 182 denuncias contra el Ejército en 2006, mientras que hacia fines de 2008 la cifra se disparó hasta mil 230.

Los activistas entregaron un informe en el que aseguran que del 1 de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2008, las autoridades civiles remitieron a la justicia militar 500 averiguaciones previas por violaciones a los derechos humanos cometidas por el Ejército, pero el fuero castrense sólo inició 174 averiguaciones previas, realizó 11 consignaciones y no ha emitido ninguna sentencia condenatoria.

Señalaron que en dicho periodo se reportaron ataques con arma de fuego, tortura, detenciones y cateos arbitrarios, ejecuciones extrajudiciales y abusos sexuales contra mujeres en Guerrero, Tamaulipas, Chihuahua, Michoacán, Sinaloa, Nuevo León, Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Baja California, estado de México, Morelos, Tabasco, Aguascalientes, Coahuila, Durango, Guanajuato, Querétaro, Sonora y Yucatán.

El informe fue elaborado por la CMDPDH, el Centro Pro, Tlachinollan, Fundar, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos y el Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), así como por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y el Fray Francisco de Vitoria.

A la audiencia asistieron, entre otros, Alejandro Negrín, director de Derechos Humanos de la SRE; Alejandro Poiré, coordinador de asesores de Gobernación, y el teniente coronel Aníbal Trujillo, de la Sedena. (Con información de Noemí Gutiérrez)