Ayer se realizó la primera sesión de la Comisión Binacional integrada por funcionarios de Francia y México, que analizará si es procedente que la francesa Florence Cassez, sentenciada a 60 años de prisión por su participación en tres secuestros, cumpla con esta condena en su país; el gobierno mexicano pretende con esta negociación impedir que en caso de entregarla, sea liberada por las autoridades judiciales francesas, aseguró Patricia Espinosa Cantellano, secretaria de Relaciones Exteriores.

La canciller dejó en claro que la decisión de entregarla aún no está tomada, y se estudiará la viabilidad de que en este caso se aplique el Tratado de Estrasburgo —que prevé la entrega de extranjeros enjuiciados, para que cumplan su condena en su país de origen—, ya que “al gobierno de México le preocupa que Francia se reservó el derecho de revocar, modificar, reducir o incluso cancelar las sentencias conforme a la justicia francesa” al interpretar dicho tratado.

En una entrevista radiofónica, Espinosa Cantellano reconoció que existe la posibilidad de que Cassez pudiera ser liberada por las autoridades judiciales de su país, por ello se inició este proceso de análisis y negociación, pues “es un objetivo muy claro del gobierno mexicano que la señora Florence Cassez cumpla la condena que le fue impuesta”.

Durante una visita de Estado a México, el lunes pasado, el presidente francés Niocolas Sarkozy centro su agenda en el caso de Florence Cassez, para gestionar que nuestro país la entregue con fundamento en el Tratado de Estrasburgo, tal y como se comprometió a hacerlo el 5 de marzo pasado cuando se reunió con Bernard Cassez, el padre de la joven y su abogado Frack Berton.

Al respecto y ante la polémica desatada por la eventual entrega de Cassez, frente al riesgo de que los delitos que se le imputan queden impunes, la titular de la SRE dijo que es clara la posición que asumió el presidente Felipe Calderón “de un profundo respeto a la división de poderes, y en este caso a las decisiones del Poder Judicial mexicano. Y la verdad es que hay que tener presente también que el proceso todavía está abierto, no hay una sentencia firme y el proceso continúa”.

Por ello, Espinosa señaló que dependerá del trabajo de la comisión binacional la decisión que tome México, ya que nuestro gobierno no niega la vigencia del tratado, “pero establece como condición para que se aplique esta parte de traslado de nacionales para que cumplan su pena en el país de origen, que haya un acuerdo entre los dos Estados”.

La negociación y a qué se comprometerán los funcionarios franceses para garantizar que Cassez cumplirá con su condena, será clave para que se aplique o no el tratado, ya que “el presidente Calderón fue muy claro en señalar que había que examinar todavía muchos aspectos antes de tomar una decisión”.