WASHINGTON / MÉXICO.— En México “la impunidad es generalizada” y persisten los problemas de corrupción en todos los niveles de gobierno, sobre todo en las corporaciones policiacas ante casos en los que “actúan directamente en nombre de la delincuencia organizada”, incluyendo a altos funcionarios.

Un escenario en el que existen asesinatos ilegales perpetrados por las fuerzas de seguridad, tortura, detenciones arbitrarias, ineficiencia en el sistema judicial y una serie de delitos como la trata de personas en los que hay indicios de participación de autoridades.

Este es el diagnóstico presentado ayer por el Departamento de Estado de Estados Unidos en su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en todo el mundo, en el que la cancillería estadounidense llega a la conclusión de que la guerra del gobierno de México contra los cárteles de la droga ha tenido un alto costo para la sociedad mexicana que muchas veces se convierte en víctima del fuego cruzado entre narcotraficantes y fuerzas militares.

Daños colaterales

En el reporte se dibuja un preocupante panorama donde la encarnizada batalla contra el crimen organizado se ha traducido en una larga lista de víctimas civiles que hoy encajan dentro la trágica categoría de daños colaterales.

“A pesar que el gobierno respeta y promueve los derechos humanos” —sostiene el informe sobre México— en medio de la lucha que se libra contra los carteles de la droga “se han registrado casos donde algunos elementos de las fuerzas del orden (policías y militares) han actuado al margen de la línea del deber” o “fuera de la autoridad” asesinando a varios civiles.

El reporte, que ofrece detallados ejemplos de casos donde las fuerzas del orden actuaron de forma negligente en operaciones registradas en estados como Michoacán, Tamaulipas y Sinaloa se hace eco además de los informes presentados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para subrayar el preocupante aumento en el número de secuestros, abusos físicos, tortura y asesinatos.

En el reporte, elaborado por la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado señala que en varios casos de denuncias de desapariciones, “la policía había detenido a las personas en régimen de incomunicación durante varios días”, mientras se sigue recurriendo a los tratos crueles y malos tratos físicos, que “sigue siendo un problema grave”, para obtener confesiones de detenidos a pesar de la reciente reforma legal en el país.

El informe del gobierno estadounidense subraya que “la corrupción sigue siendo un problema, ya que muchos policías, especialmente en los planos estatal y local, han participado en el secuestro, la extorsión, la prestación de protección, o actúan directamente en nombre de, la delincuencia organizada y los traficantes de drogas”.

Se asegura que “la impunidad es generalizada” a pesar de los esfuerzos del gobierno mexicano, que emprendió la llamada Operación Limpieza, que se tradujo, destaca, en la detención de los ex jefes de la Interpol y mandos de la Agencia Federal de Investigación (AFI), Rodolfo de la Guardia García y Ricardo Gutiérrez Vargas, así como de Noé Ramírez Mandujano, ex zar antidrogas de la Procuraduría General de la República (PGR).

Un panorama en el que también las policías participan en secuestros para pedir rescates, por lo que este delito “siguió siendo un grave problema para las personas de todos los niveles socioeconómicos”, y un ejemplo que señala el documento es el del joven Fernando Martí, plagiado y ejecutados por delincuentes entre los que hay personal policiaco.