La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizará a partir de este martes los sistemas con los que los gobiernos estatales y municipales obtienen financiamientos millonarios a cambio de comprometer en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) los impuestos de la población.

Se trata del juicio de acción de inconstitucionalidad que promovieron diputados locales panistas que impugnan una serie de reformas que se pusieron en marcha en Sonora, impulsadas por el gobernador Eduardo Bours, para financiar el Plan Sonora Proyecta.

Dicho plan consideraba diversas obras que se pretendían poner en marcha con los alrededor de 10 mil millones de pesos que pretendía obtener el gobierno de Sonora con la emisión de certificados bursátiles respaldados por los impuestos que obtiene la entidad por el control vehicular.

Por la complejidad del tema, por vez primera, el ministro José de Jesús Gudiño Pelayo, presentará un proyecto de sentencia en Power Point.

La bursatilización de los impuestos es una medida que han empleado estados y municipios para financiarse al emitir pagarés que compran inversionistas en la BMV, por los cuales les pagan cierta cantidad de interés, y que en un plazo el gobierno paga de los impuestos.

En el caso de Sonora, la bursatilización de impuestos fue impugnada porque, según los panistas, se parte de la base de considerar que esta medida no era una deuda para la entidad.

Se espera que el proyecto sea en el sentido de pedir la anulación de las reformas aprobadas en Sonora.