La mayoría de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se manifestó en favor de declarar que ni el gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, ni el actual procurador General de la República, Eduardo Medina Mora, son responsables de las violaciones graves a las garantías que se registraron en la comunidad de Atenco, durante los operativos del 3 y 4 de mayo de 2006.

Por el contrario, la mayoría de integrantes de la Corte avalaron la actuación de dichos funcionarios porque estimaron que fue legítimo el uso de la fuerza pública para desalojar la carretera de Texcoco que mantenían bloqueada los manifestantes, para liberar a los servidores públicos que pobladores tenía retenidos y para restablecer el orden.

Sólo el ministro Genaro Góngora Pimentel solicitó que al gobernador y al procurador se les declarara responsables de la violencia ocurrida en Atenco “por la omisión de vigilar” lo que hicieron las fuerzas públicas.

Los otros 10 ministros, aunque con posiciones y argumentos diferentes, pidieron no responsabilizarlos de los abusos ocurridos en los enfrentamientos.

De esos 10, siete se dijeron convencidos de que las violaciones y los abusos fueron cometidos sólo por algunos de los policías de los pelotones y secciones que participaron, así como por algunos de los mandos medios que tenían la obligación de supervisar los operativos.

Dos más —José de Jesús Gudiño Pelayo y Juan Silva Meza— se manifestaron en el sentido de no fijarle responsabilidades a ningún funcionario, por sólo dar a conocer una lista de los más de dos mil elementos de la policía y altos mandos federales y locales que participaron en los hechos.

De manera solitaria, el ministro Sergio Aguirre se mantuvo en su postura de considerar que no existieron violaciones graves, por lo que no aludió a responsabilidades de funcionarios.

Aunque con diferencias en los argumentos, al final todas estas posturas tendrán por efecto no responsabilizar de ninguna violación al gobernador Enrique Peña Nieto y al actual procurador General de la República, Eduardo Medina Mora, quien fuera secretario de Seguridad Pública federal en el momento de los hechos.

En esencia, en opinión de los ministros Sergio Valls, Mariano Azuela, José Ramón Cossío, Margarita Luna, Franco González, Olga Sánchez y Guillermo Ortiz, a quienes dieron la orden de usar la fuerza pública no se les puede responsabilizar de los abusos en que incurrieron los policías y quienes tenían, en la operación, el deber de supervisarlos.

“Me parece que pretender que por el solo hecho de ser titular o cabeza de un órgano se es responsable de todo lo que sucede hacia abajo, es incorrecto”, aseguró Franco González.

Sólo el ministro José Ramón Cossío ubicó al almirante Wilfrido Robledo Madrid, titular de la Agencia de Seguridad Pública Estatal en el momento de los hechos, como el funcionario de más alto rango al que podría responsabilizarse.

Este jueves se decidirá si se reponsabiliza a autoridad alguna.