Los fiscales, reunidos en esta capital para combatir al crimen organizado, adujeron que los cárteles mexicanos—en especial los de Los Zetas, Sinaloa y el Golfo—se infiltraron en aparatos de seguridad y entidades judiciales y políticas del área.

En entrevistas concedidas a EL UNIVERSAL, los fiscales de Guatemala, José Velásquez; de El Salvador, Félix Garrid; de Nicaragua, Delia Rosales; de Honduras, Leónidas Rosa, y de Costa Rica, Francisco Dall’Anese, plantearon un inquietante panorama por la ofensiva del narco mexicano en Centroamérica en los últimos años.

“Cuando se acumula en las cúpulas de las organizaciones locales (del narcotráfico) una gran cantidad de dinero, van a tratar de apoderarse de las estructura de las instituciones”, pronosticó Dall’Anese. “Las organizaciones terroristas quieren destruir el Estado. Las organizaciones criminales quieren apoderarse del Estado”, contrastó.

Al preguntársele sobre la incursión de mafias mexicanas, Velásquez contestó: “Trágico, toda vez que han tenido una incursión fuerte principalmente en el norte y el occidente de Guatemala. Hemos tenido la invasión de los cárteles de Sinaloa, del Golfo y Los Zetas que ha degenerado en violencia y confrontación entre Los Zetas y los cárteles mexicanos y guatemaltecos”, relató.

Por su lado, Garrid advirtió: “Nuestros países están sufriendo, y mucho, y evidentemente el narcotráfico puede ganar terreno. No es fácil evitar que el narcotráfico se tome nuestros países, nuestras instituciones”.

“La demanda de consumo de droga está en el norte (del continente). Los flujos de blanqueo (de dinero) son de norte a sur y nuestra región está en el paso. En tanto las autoridades no sean robustas, los grupos de narcotráfico van a quererlas vulnerar para tomárselas”, añadió.

Rosa, entre tanto, confirmó: “Hemos detectados nexos entre organizaciones criminales y algunas personas de partidos. La clase política obviamente será vulnerable al narco”, destacó.

Rosales alegó que Nicaragua es uno de los países que más ha golpeado a cárteles. Nicaragua es un corredor del tráfico de drogas, pero hay “voluntad política” de luchar “frontalmente contra el crimen organizado”, puntualizó.

Con más de 14 mil homicidios en la zona en 2008, la mayoría se atribuye a la narcoactividad.