En América Latina se perdió la guerra contra las drogas ante las políticas aplicadas en los últimos 30 años, y es urgente redefinir la estrategia regional a partir de evaluar la despenalización del consumo de la mariguana, fortalecer el tratamiento de adictos, y emprender “una lucha implacable” contra el crimen organizado que ha infiltrado las instituciones.

Éstas son las conclusiones de la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia —integrada por 17 personalidades de la región—, que señala que ante el arribo de Barack Obama a la Presidencia de Estados Unidos es el momento para llevar este tema al debate, ante el fracaso de las políticas prohibicionistas impuestas por ese país, como ocurrió con Colombia, donde han tenido un alto costo con menores resultados.

México “se ha convertido de manera acelerada en otro epicentro de la actividad violenta de los grupos criminales del narcotráfico”, por lo que puede exigir corresponsabilidad en esta lucha a EU y Europa, pues “la solución de largo plazo para el problema de las drogas ilícitas pasa por la reducción de la demanda en los principales países consumidores”.

El informe Drogas y Democracia, hacia un Cambio de Paradigma, elaborado por integrantes de la Comisión, como los ex mandatarios de México, Brasil y Colombia, Ernesto Zedillo, Fernando Henrique Cardoso y César Gaviria, respectivamente, plantea así el problema de las drogas en la zona y propuestas para el cambio.

“La Guerra Perdida”

En su apartado denominado “La Guerra Perdida”, el diagnóstico indica que las “políticas prohibicionistas” como la represión de la producción, interdicción al tráfico y a la distribución y la criminalización del consumo no han dado resultado. “Estamos más lejos que nunca del objetivo proclamado de erradicación de las drogas”, señala el informe.

América Latina es el mayor exportador mundial de cocaína y mariguana, un creciente productor de opio y heroína y se inicia en drogas sintéticas, mientras los niveles de consumo se expanden en la región.

En las últimas décadas se ha llegado a un crecimiento “inaceptable” de la violencia y el crimen organizado ha infiltrado las instituciones, que se refleja en “corrupción de los funcionarios públicos, del sistema judicial, de los gobiernos, del sistema político y, en particular, de las fuerzas policiales encargadas de mantener la ley y el orden”.

Frente a este panorama, pide abrir a debate estrategias alternas, reconocer el fracaso ya que “el modelo actual de política de represión de las drogas está firmemente arraigado en prejuicios, temores y visiones ideológicas”. Aunque esto no implica desconocer la necesidad de combatir a cárteles y traficantes, así como la importancia de la represión “incluso con la participación de las fuerzas armadas en situaciones límite —de acuerdo a la decisión de cada país— para hacer frente a los desafíos planteados por el crimen organizado”.

La Comisión propone, así, tratar el consumo de drogas como cuestión de salud pública, reducir el consumo con información y prevención y focalizar la represión sobre el crimen organizado.

El enfoque “no es de tolerancia con las drogas”, pero ante la enorme capacidad de violencia y corrupción del narcotráfico ésta “sólo podrá ser combatida efectivamente si se debilitan sustancialmente sus fuentes de ingresos”.