La mayoría de ministros de la Suprema Corte de Justicia llegó a la conclusión de que sí hubo violaciones graves a las garantías de la población en los enfrentamientos de Atenco registrados el 3 y 4 de mayo de 2006, durante el segundo día de análisis en torno a este caso.

Pero dejaron pendiente para hoy precisar cuáles derechos de los pobladores se violaron y la participación de funcionarios involucrados, desde el gobernador Enrique Peña Nieto, el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, hasta mandos de la policía a cargo de los operativos.

En cinco horas de discusión separadas por dos recesos, 10 ministros coincidieron en que se violaron derechos a la vida, a la no discriminación por género, a no ser torturado, a la integridad personal, al debido proceso legal, a la justicia, a la igualdad ante la ley, a no ser detenido arbitrariamente, a la inviolabilidad del domicilio y a las libertades de trabajo, sexual y de expresión.

El único en desacuerdo con declarar la existencia de violaciones a garantías fue Sergio Aguirre Anguiano e incluso puso en duda que algunas mujeres hubieran sido víctimas de abusos sexuales. Su propuesta no tuvo eco.

Genaro Góngora, Juan Silva, Sergio Valls, Mariano Azuela, José Ramón Cossío, Olga Sánchez, Fernando Franco, Margarita Luna y Guillermo Ortiz coincidieron con el dictamen que presentó el ministro José de Jesús Gudiño, aunque con diversos matices, en que en Atenco sí era necesario emplear la fuerza pública, pero al aplicarla se incurrió en las violaciones citadas.

Uno de los puntos en que hubo divergencia fue la muerte de Javier Cortés y Alexis Benhumea, pues mientras el ministro Góngora se mantuvo en su postura de culpar a la policía, la mayoría de sus compañeros se pronunció por no determinar si los responsables fueron policías, por no contar con pruebas suficientes para determinar quién detonó la bala que mató al primero ni quién arrojó el artefacto que hirió y provocó la muerte del segundo.

Para la sesión de hoy se espera que el Pleno de la Corte revise cuáles autoridades estuvieron involucradas en estos hechos.

La discusión en torno a la participación de la autoridades que intervinieron en el conflicto partirá de la propuesta que presentó el ministro Gudiño Pelayo, como encargado del caso, en el sentido de declarar que si bien la violencia no fue planeada por autoridad alguna, sí se encontraron elementos que permiten considerar que, una vez que se dieron los enfrentamientos y las detenciones, las agresiones fueron permitidas y alentadas por los mandos de la policía que estaban al frente de los operativos.

Se trata de una conclusión que de antemano y antes de empezar su discusión, fue puesta en duda por Genaro Góngora Pimentel.

En su opinión, la violencia en los enfrentamientos fue una venganza planeada por autoridades de rangos “superiores”, a quienes calificó como los autores intelectuales de las agresiones.

Sin mencionarlo por su nombre, cuestionó, de manera directa, la actuación del procurador Medina Mora, quien era secretario de Seguridad Pública federal, por no aceptar las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en torno a las violaciones registradas por policías federales.

“Quienes no aceptaron la recomendación de la CNDH –dijo- violaron gravemente los derechos humanos en su conjunto, pues implica un total desprecio a la dignidad humana”.