El titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Fernando Gómez Mont, afirmó que el despliegue de las Fuerzas Armadas para apoyar tareas de seguridad pública tiene un carácter subsidiario, realizado a petición de autoridades civiles, estrictamente temporal y con amplio reconocimiento social.

“Dicha estrategia se funda en la debida depuración y profesionalización de los cuerpos policiacos de los tres órdenes de gobierno que asumirán, paulatinamente, el control total de las tareas de seguridad pública”, apuntó.

El funcionario encabezó la delegación que se sometió al Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, Suiza, y admitió que el reto del Estado mexicano es enorme, “porque durante décadas, el crimen y la corrupción crecieron al amparo de la impunidad”.

En su intervención, Gómez Mont indicó que “hoy en día, la mayor amenaza contra los derechos humanos provenía de la delincuencia organizada” y su combate es uno de los principales desafíos.

“En algunas regiones del país, la delincuencia había emprendido una ofensiva total contra la sociedad, rebasando en capacidad operativa y de armamento a autoridades civiles.

“La estrategia también incluye políticas de prevención del delito y de las adicciones, reformas al marco legal y la promoción de la cooperación internacional”, apuntó.

Gómez Mont reconoció la preocupación internacional sobre las presuntas violaciones a los derechos humanos por el Ejército en sus “tareas de seguridad pública, así como sobre el funcionamiento de la justicia militar en México”.

“Reiteramos el compromiso de las fuerzas de seguridad involucradas en la lucha contra el crimen organizado con el pleno respeto a todos los derechos humanos. En México existen los mecanismos judiciales, así como la vigilancia constante de los órganos autónomos de derechos humanos, de los medios de comunicación y de la opinión pública para que toda violación sea debidamente investigada y sancionada”, añadió.

Ante representantes de más de 60 países, Gómez Mont enfatizó que la promoción y protección de los derechos humanos es una obligación irrenunciable de todos los gobiernos y un imperativo ético universal.

Subrayó que la libertad de expresión es indispensable en la democracia y detalló los esfuerzos de México para luchar contra la discriminación y en favor del ejercicio de las garantías de mujeres, niños, migrantes e indígenas.

Puntualizó otros desafíos como armonización legislativa, plena incorporación del concepto de derechos humanos en la Constitución, la total garantía de seguridad e integridad de periodistas y el combate a la pobreza.

Durante el diálogo, los representantes de 60 países formularon preguntas y recomendaciones para avanzar en la materia y desafíos que reconoce el gobierno mexicano.

Gómez Mont refrendó el compromiso del gobierno federal para aplicar las acciones del Programa Nacional de Derechos Humanos 2008-2012, contando para ello con el diálogo y seguimiento de la sociedad civil.

La delegación de México estuvo integrada por funcionarios de las secretarías de Relaciones Exteriores, de Desarrollo Social, de la Defensa Nacional, de Seguridad Pública, las titulares del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, del Instituto Nacional de las Mujeres y funcionarios de la Procuraduría General de la República y de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

El cuarto periodo ordinario de sesiones del grupo de trabajo del mecanismo de Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos concluirá el 13 de febrero, cuando se aprobará su informe final. El mecanismo de Examen Periódico Universal tiene como objetivo central evaluar cada cuatro años los derechos humanos en países miembros de la ONU; hasta ahora 59 han sido revisados.

En su gira de trabajo, Gómez Mont se reunió con la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay; con el secretario general de la Organización Internacional para las Migraciones, William Swing, y con legisladores, representantes de órganos autónomos de derechos humanos y de la sociedad civil mexicana que asistieron a la sustentación del Informe.