juan.velediaz@eluniversal.com.mx

Cuando Alberto Enríquez abandonaba las instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social en la subdelegación de Mazatlán, el 26 de junio de 2007, uno de los empleados que acababa de atenderlo lo abordó para proponerle “evitar la auditoría por 10 mil pesos”. Hoy, al evocar el hecho advierte que al cabo descubrió que era “todo un método” con el cual empleados de ese instituto en esta ciudad sinaloense suelen “arreglar” trámites.

La mañana del 27 de febrero de aquel año, Enríquez, empresario de seguridad privada, intentó registrar a los albañiles que edificarían la casa de su familia en dicho puerto, al que habían llegado meses atrás para abrir una oficina. Primero le pidieron 30 mil pesos de cuotas patronales mensuales por la decena de trabajadores que pretendía dar de alta, suma que le pareció excesiva, pues el rango que querían asignarles era acorde con el de un profesional de nivel universitario. Cuando solicitó explicaciones, el responsable del trámite le pidió acudir a la oficina de Ricardo Mendoza Romo, entonces subdelegado.

Solicitó a este funcionario que le mostraran el parámetro que fijaba esa cantidad por los asegurados. “‘Son los montos que maneja el sindicato de la construcción’, me respondió. Le dije que no existía base legal que me obligara a desembolsar esa cantidad, porque el sindicato al que aludía no es ninguna autoridad. ‘Tengo un acuerdo de negocio y le voy a pagar tarifas al IMSS de acuerdo con eso’. Mendoza me respondió que como no quería pagar esas tarifas auditarían mi construcción; ahí terminó el diálogo”.

Al paso de los meses le notificaron que habían concluido la inspección a la obra, por lo que debía ir de nueva cuenta a las oficinas, ahora con una serie de documentos que probaran que tenía la licencia y cubría otros requisitos administrativos. La desconfianza lo motivó a llevar una cámara de video.

El 26 de junio de 2007 entró de nueva cuenta a la subdelegación, donde un recepcionista le recibiría los documentos. Cuando pidió que los sellara de recibido, el oficinista le indicó que se dirigiera a la Oficialía de partes. Ahí una mujer recibió los documentos y selló de recibido, con lo cual corroboraba el cumplimiento del trámite. Se dirigió a la salida y fue en ese momento cuando lo abordó Hazael Quevedo Aragón, empleado del área de auditorías de la subdelegación del IMSS en Mazatlán. Tras ofrecerle librarlo de la auditoría, recuerda Enríquez, el servidor público abundó: “Es un trámite engorroso, yo con 10 mil pesos les puedo parar la bronca, porque si ustedes dejan crecer esto su esposa puede perder la casa e inclusive caer en la cárcel”. Enríquez dice que lo encaró, rechazando la “propuesta” y advirtiéndole que no les daría dinero.

“El caso especial”

Unas semanas más tarde sobrevino la reacción: el denunciante recibió varias llamadas de empleados del IMSS citándolo porque supuestamente se extraviaron sus documentos. Él tenía la grabación en audio y video del momento en que los entregó y, dice, lo primero que pensó al escuchar aquello fue que querían intentar extorsionarlo de nuevo.

Se dirigió a las oficinas del jefe de auditorías, Samuel Lizárraga, quien según Enríquez le dijo que había ocurrido un “error” en la oficialía de partes y se habían traspapelado. Además, se enteró de que se habían acumulado ya 50 mil pesos de multas por no pagar las cuotas obrero-patronales. “Lizárraga me dijo que ellos no saben si recibieron los documentos y que había sido un error de la ventanilla. ‘Ya sea por la muchachita que por ser nueva en el área los perdió’, me dijo”.

Uno de los fundamentos de los funcionarios del IMSS para validar la auditoría fueron los documentos que había entregado, explica Enríquez, de modo que era absurdo que ahora negaran su existencia. Dice que acudió a la Oficialía de partes por una explicación y Elías Oliva, el nuevo responsable de ventanilla, le explicó frente a la cámara que el suyo era un “caso especial”, aunque no le dijo por qué. Enseguida los policías lo obligaron a apagar la cámara, lo amenazaron y lo sacaron a golpes.

Comenzó un periplo por las oficinas del IMSS en Culiacán y en la ciudad de México, para saber por qué lo multaron y perdieron sus documentos. Entonces entendió, dice, lo que un trámite puede costar a quien no se presta al modus vivendi de aquella burocracia.

Con documentos y los videos en su poder, presentó una queja por intento de extorsión ante la delegación en Sinaloa de la Secretaría de la Función Pública contra los funcionarios federales involucrados y los guardias de seguridad que lo golpearon. Semanas después decidió regresar con su familia al Distrito Federal.

Durante las semanas siguientes presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) donde, tras una indagatoria de varios meses le informaron que las autoridades del IMSS abrieron un expediente administrativo y no encontraron evidencias de las agresiones y las irregularidades denunciadas. Enríquez se inconformó con la resolución del IMSS y en mayo de 2008 la CNDH le comunicó por escrito que al estar en trámite la revisión y ser ésta de carácter administrativo, no tenían facultad para intervenir sino hasta que se resolviera.

En noviembre pasado, cuando las investigaciones administrativas habían concluido, el subdelegado del IMSS en Mazatlán, Ricardo Mendoza Romo, fue sustituido por Alejandro Ocampo Mota. Para conocer la versión oficial y los motivos de esta remoción, EL UNIVERSAL intentó comunicarse telefónicamente con los funcionarios señalados por Enríquez, pero el jefe de prensa de la delegación en el estado, José Luis Paredes López, no respondió los llamados.

Desbanca al Ejército

Negligencia, trámites inadecuados y desabasto de medicamentos encabezan el catálogo de violaciones a los derechos humanos que desde hace cinco años mantienen al Instituto Mexicano del Seguro Social en el primer lugar de quejas ante la CNDH, aun por encima de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Hay un patrón de comportamiento, explica Raúl Plascencia Villanueva, primer visitador de la CNDH, cuya oficina se encarga de indagar estos casos, que tiene dos vertientes: los problemas derivados de los recursos materiales, como el desabasto de medicinas y la falta de equipo adecuado; y los recursos humanos, pues hay pocas unidades médicas con pocas personas, por lo cual existe sobredemanda —ésta alcanza tal magnitud que hay casos de derechohabientes que hacen de enfermeros con sus familiares.

Plascencia Villanueva asegura que en el IMSS existen diversas prácticas administrativas al margen de la ley, lo cual tiene también que ver con la precariedad de recursos y las malas condiciones médico-hospitalarias. Lo anterior, a su vez, propicia casos violatorios de las garantías individuales en todo el país. Hay comportamientos del personal que por su arraigo podrían significar un patrón cultural, reconoce. Es como la génesis de una burocracia que actúa por inercia sin importar su función y resultados, y que les ha valido el primer lugar a nivel nacional en el concurso convocado por el gobierno federal para el “Trámite más inútil”.

Experiencias como la de Alberto Enríquez, quien terminó por contratar un despacho de construcción para edificar su casa y se negó a pagar las multas, reflejan esas prácticas no reguladas donde sólo avanza aquel que acepta que “agilicen” sus trámites.