El Consejo General del IFE y los partidos políticos representados en ese instituto, aprobaron por unanimidad un paquete de reformas y compromisos con los que blindarán las elecciones federales que se efectuarán en julio próximo, principalmente contra recursos del crimen organizado y el narcotráfico.

El acuerdo fue avalado por el PAN, PRI, PRD, PVEM, PT, Convergencia, Panal y PSD, y establece, entre otros puntos, la realización de auditorías aleatorias y de campo, incluso a partir de las precampaña que se inician el 31 de enero.

Además, permitirán las aportaciones en efectivo hasta 10 mil pesos (200 salarios mínimos) en campañas y precampañas; y que los montos superiores deberán entregarse en cheque.

Para las operaciones que superen los 5 mil días de salario mínimo se deberá elaborar y conservar un expediente por cada uno de los proveedores y prestadores de servicios precisando nombre o denominación social, Registro Federal de Causantes (RFC), domicilio y número telefónico.

En estos casos se deberá entregar, además, copia del alta ante la Secretaría de Hacienda, Cédula de Identificación Fiscal, copia de acta constitutiva en caso de tratarse de una persona moral, sello de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y nombre del o de los representantes o apoderados legales.

También se determinó reducir el flujo de dinero en efectivo para el apoyo de actividades de partidos y candidatos; controlar aportaciones en especie y revisar documentos de las personas morales que hagan aportaciones.

El acuerdo aprobado será publicado en el Diario Oficial de la Federación y establece, entre otras cosas, ampliar la definición de las personas políticamente expuestas, entre las que se incluye a cónyuges, hermanos e hijos.

Al presentar el paquete de blindaje, el consejero Virgilio Andrade admitió que no podemos negar que el asunto del crimen organizado es un fenómeno mundial que se ha convertido en un elemento retador de instituciones.

Esto es propio, dijo, de la vida contemporánea mexicana. Frente a este fenómeno retador y perverso, es un deber de las instituciones establecer el conjunto de medidas y políticas que protejan el accionar de las instituciones, señaló.

El representante del PAN, Roberto Gil aseguró que la aprobación de este paquete representa un cambio de modelo en la fiscalización de los recursos de los partidos políticos.

Es un modelo de verificación continua, sobre campo, permanente que implica a las precampañas y campañas, dijo.

El representante del PRI, Sebastián Lerdo de Tejada, comentó que con esto no se pretende sustituir las atribuciones de la PGR o de la Secretaría de Seguridad Pública.

La representante del PVEM, Sara Castellanos, enfatizó que en ningún momento el IFE pretende erigirse como Ministerio Público; “lo que tenemos en la mesa es un esfuerzo de la pluralidad”.