Los seis nuevos “juzgados virtuales” que comenzaron a operar ayer y que se encargarán de girar órdenes de arraigo, de cateos y de intervención de comunicaciones, por medio de internet, no tienen el objetivo de que haya más convictos, sino el de elevar la seguridad y combatir a una delincuencia cada vez más desafiante, y a la impunidad que la alienta, aseguró el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Guillermo Ortiz Mayagoitia.

Durante la puesta en marcha de los nuevos juzgados, el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, calificó de segura esta nueva herramienta, pero, dijo, es imprescindible evitar que se den filtraciones tanto de las peticiones que reciban los jueces como de las órdenes que emitan.

Ante los jueces encargados de la nueva tarea y de los consejeros de la Judicatura Federal, quienes administrarán y vigilarán todos los juzgados y tribunales del país, Medina Mora advirtió: “La filtración de la información contenida en las órdenes no sólo pone en riesgo las investigaciones respectivas, sino que además pone en peligro la vida e integridad física de servidores públicos honestos y comprometidos con la consolidación del Estado de Derecho y la seguridad de los mexicanos”.

En respuesta al comentario, en entrevista posterior el consejero de la Judicatura Federal Luis María Aguilar dijo que el riesgo de fuga de información en torno a los casos más relevantes se reducirá al mínimo con el nuevo sistema, porque la información dejará de pasar por muchas manos, pues el nuevo procedimiento hará más directa la comunicación entre la PGR y los jueces, y sólo un reducido número de personas tendrá acceso a los expedientes electrónicos.

Ortiz Mayagoitia aprovechó para refutar a algunos académicos, como Pedro Salazar, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que opinan que la creación de dichos órganos se basó en una reforma a la Constitución aún no vigente.

Sin mencionarlos de manera directa, Ortiz dijo: “El texto constitucional, ya vigente, instaura expresamente la figura de jueces que, entre otras facultades, deben ocuparse de conocer de las medidas cautelares que son necesarias para la lícita investigación de los delitos, así como la prevención, disuasión, contención y desactivación de amenazas a la seguridad nacional”.

“Queremos contribuir a que esta reforma sea exitosa y fructífera, no tanto para tener más convictos, sino para elevar nuestra seguridad”, dijo.