Desde el 19 de diciembre de 2002 entró en vigor la reforma al Código Penal Federal y al Código Federal de Procedimientos Penales, en la que se establecieron beneficios para la población indígena, entre los que destaca contar con un defensor grautito que hable su lengua y conozca su cultura.

La reforma fue aprobada de última hora en el periodo de sesiones de 2002 y se ordenó que entrara en vigor al día siguiente de su publicación, pero sin tomar en cuenta que el órgano encargado de cumplir con esta disposición, el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), no contaba con abogados indígenas ni con recursos para contratarlos.

En virtud de la falta de recursos y de la escasez de abogados índigenas calificados y especializados en derecho penal federal, el instituto retrasó la aplicación de esta medida durante casi un año.

Durante ese lapso la defensa de indígenas acusados de un delito federal se siguió realizando con apoyo de intérpretes.

Luego de realizar un censo y de buscar abogados con esas características, el instituto ubicó, en 2003, a 84 abogados que afirmaban dominar alguna lengua indígena y conocer la cultura de la comunidad a la que pertenece, pero sólo 49 lograron acreditar su dicho.

Ante la falta de recursos —según se alegó—, el instituto sólo contrató, de manera ocasional, por medio de un pago de honorarios por caso atendido, a 20 abogados.

En 2004, el director del IFDP, el magistrado César Esquinca, pidió al Consejo de la Judicatura que le autorizaran la contratación de 17 de los abogados seleccionados para que se integraran a la planta de defensores públicos.

Pero en ese momento sólo le autorizó contratar a tres abogados indígenas, uno de ellos con el dominio del tzotzil y tzeltal, para Chiapas; otro con el conocimiento de zapoteco, para Oaxaca, y uno más con el manejo del rarámuri, para Chihuahua.

La cifra de defensores públicos federales indígenas aumentó a 14 en 2006 y en esa cifra se ha mantenido.

En contraste, de 2005 a 2008 el número de defensores públicos federales pasó de 583 a 745, pero están dedicados a atender delitos relacionados con el narcotráfico.