Esther Chávez Cano llegó con sus 72 años envuelta en un conjunto de telas suaves y blancas, la cabeza cubierta con una pañoleta y el rictus que la multitud congregada para rendirle homenaje, entendía perfectamente. El 29 de marzo de 2007, la decana del movimiento feminista en Ciudad Juárez tenía un pronóstico de muerte. Desde diciembre su salud había mermado a tal grado que ella, renuente a las visitas médicas, no tuvo más remedio que someterse a exámenes rigurosos. El diagnóstico le vino días más tarde, en enero, con el más terrible panorama: el cáncer que lograron encapsularle años atrás, hizo metástasis en los pulmones.

“Tomé la decisión de someterme a un tratamiento cuando supe que la muerte por asfixia, sino recibía quimio, era espantosa”, confesó a principios de marzo, cuando 30 organizaciones de la sociedad civil dejaron a un lado sus antiguas rencillas, incluso en su contra, para iniciar los preparativos del reconocimiento conjunto a su larga travesía en busca de la equidad de género. Para entonces, Chávez Cano había arrojado luz sobre las penumbras del sistema que permitió la racha de asesinatos contra mujeres, y edificado también el primero de los centros de crisis que brinda auxilio y tratamiento psicológico a esas víctimas de la violencia, que cada año se cuentan por miles.

La adversidad es algo que trae consigo desde el comienzo de su vida. Su madre enviudó cuando tenía cuatro años. Entonces la familia vivía en la ciudad de Chihuahua. Eran seis hermanos, dos hombres y cuatro mujeres. Estudió en un colegio de monjas y, adolescente, se graduó en una escuela de comercio que en pocos meses le permitió laborar en una agencia de automóviles que la llevaría a residir en Guadalajara y ciudad de México. Retornó a su tierra natal, pero esta vez se dirigió a la convulsa frontera.

Era 1990, el principio de la década que distinguió a Juárez como el epicentro de la brutalidad, criminal y política, hacia las mujeres.

“Todos los países tratan a sus mujeres peor que a sus hombres, lo cual es desatinado después de tantos años de lucha, de estudios sobre la igualdad, de cambios en la legislación de cada nación y del reconocimiento de organismos internacionales de que no habrá desarrollo si las mujeres seguimos excluidas y marginadas de los procesos que en el intervienen”, escribió en diciembre de 1997, cuando se estrenó como articulista en un diario local, para reclamar al Congreso, al gobernador y al entonces presidente de la República, Ernesto Zedillo, el incumplimiento de compromisos mínimos que detuvieran la hiriente condición que se tenía. Tan sólo ese año, la Procuraduría de Justicia de Chihuahua había atendido 9 mil casos de violencia contra mujeres.

Esther Chávez Cano alcanzó los 73 años contraviniendo pronósticos de mucha reserva. El cáncer la retiró unas cuantas semanas de sus actividades al frente de Casa Amiga, que dirige a cambio de 12 mil pesos mensuales, un ingreso, dice, que no le permitió tratarse en un hospital privado. Se atiende en el IMSS, y en las salas de espera ha ido profundizando en las condiciones de vulnerabilidad de las mujeres más pobres, que comparten la misma suerte de ver corroídos sus tejidos.

“Tienen un espíritu y una fe grandes, que si ya era yo otra persona con el dolor que vivimos en Casa Amiga, ahora voy a recibir el doctorado de estas víctimas de la violencia y del cáncer”, cuenta.

Al otro lado de la línea telefónica su voz se escucha cansada. Es tarde. Reciente los efectos de la sesión de quimioterapia que le ha tocado esta semana. La invade una sensación nueva, ajena a su enfermedad y cada vez más asimilada por el resto de la sociedad: el miedo. Del centro de crisis a su casa hay casi nueve kilómetros, una distancia que se vuelve inmensa cuando en las calles los enfrentamientos a tiros imponen un juego de ruleta rusa a todos. Pero no descansa, ni piensa hacerlo: “Debo quitarme ese temor de la cabeza”, dice. Es la misma Esther Chávez Cano de los últimos 20 años, la actitud que el 11de noviembre la hizo merecedora de otro reconocimiento: el Premio Nacional de Derechos Humanos, a manos del cuarto presidente que ha prometido justicia a las familias de las víctimas, que este año suman en Juárez casi 90.