El Instituto Federal Electoral (IFE) prepara un Reglamento para normar la Libertad de Expresión y el Derecho a la Información; y evitar las llamadas campañas de guerra sucia a través de la calumnia o la difamación en el proceso electoral de 2009.

Con ese reglamento se normará la propaganda política o electoral contraria a la ley por calumniar a personas o denigrar a partidos o instituciones, indica el documento en poder de EL UNIVERSAL.

Además se estipula el “derecho de réplica” en medios informativos, sujeto a un “procedimiento especial sancionador” del IFE en caso de su incumplimiento.

El IFE podrá suspender o retirar promocionales de radio, televisión, internet o propaganda impresa o exterior emitida por terceros y que en forma evidente o sistemática viole lo estipulado en el reglamento.

Así, el reglamento establece que serán “denunciables” por la parte agraviada, expresiones que ataquen la moral, los derechos de tercero o perturben el orden público; las que impliquen injerencias abusivas o arbitrarias en la vida privada.

“Las que impulsen, promocionen o propaguen la división nacional o el enfrentamiento por motivo de género, de raza, de condición social o económica o de creencias religiosas o de otra índole”.

También, expresiones que alteren la paz pública o ataquen la honra o reputación de personas sin evidencia sobre los hechos que motivan el ataque.

Aquellas que imputen a otro un hecho determinado y calificado como delito por la ley cuando no haya sido declarado responsable; o si el hecho imputado es falso, no comprobado o no juzgado.

Asimismo, serán motivo de investigación, expresiones que atenten contra la seguridad nacional.

No se considerarán denigratorias las expresiones que en forma sustentada y veraz se refieran a datos relativos al patrimonio de los candidatos; decisiones, declaraciones o actos realizados como servidor público en función o con motivo de ellos.

El documento se encuentra en análisis y podría ser discutido en la próxima sesión de Consejo General del IFE, el 22 de diciembre, para su eventual aprobación y entrada en vigor al día siguiente.

Las denuncias presentadas por contenidos de propaganda supuestamente violatoria generarán un proceso especial sancionador.