México no puede instaurar la pena de muerte por los acuerdos internacionales que ha firmado aseguró el subsecretario para Asuntos Multilaterales de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Juan Manuel Gómez Robledo.

Dijo, sin embargo, que la discusión que se lleva a cabo a raíz de la iniciativa del Congreso de Coahuila que pide la pena de muerte a secuestradores es comprensible en un país democrático como México y ante los problemas de inseguridad que vive nuestra nación.

“El Senado de la República adoptó los dos protocolos mediante los cuales México se vincula a las normas de derecho internacional que han abolido la pena de muerte, y de acuerdo con el artículo cuatro, párrafo tres, del Pacto de San José en que en el país donde se ha abolido (la pena de muerte) no podrá ser restablecida”, comentó.

Consideró que la imagen de México a nivel internacional no se afecta porque el gobierno federal mantiene su posición firme de abolición de la pena de muerte en el mundo, no sólo por la defensa de los mexicanos en otros países, sino por los esfuerzos de diversas países —dijo— que buscan en las Naciones Unidas establecer una moratoria a la pena de muerte.

México a nivel jurídico, comentó Gómez Robledo, se convirtió en un país abolicionista en 2005.