La propuesta de pena de muerte del Congreso de Coahuila fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales que entró en receso y reanudará actividades regulares en febrero de 2009, como el resto de la Cámara de Diputados.

La iniciativa plantea que se reforme la Constitución en sus artículos 14 y 22, a fin de que los congresos locales estén facultados para legislar la pena capital para secuestradores.

De acuerdo con los procedimientos legislativos, la propuesta será estudiada y discutida por una treintena de diputados de los ocho grupos parlamentarios, que elaborarán un dictamen positivo o negativo.

Para la bancada del PAN, la iniciativa “nació muerta”, mientras que el presidente de la Cámara de Diputados, César Duarte, la recibió de manera “institucional y sin prejuicios”, de manos del presidente de la Junta de Gobierno del Congreso de Coahuila, Horacio del Bosque Dávila.

El legislador justificó la propuesta, al decir que la pena de muerte es un reclamo de la sociedad, que exige castigo severo para los secuestradores que matan a sus víctimas. Negó que la iniciativa envuelva intenciones electoreras.

El panista Cristián Castaño comentó: “me parece que no procede la solicitud, ya que la pena de muerte está prohibida expresamente en la Constitución”, y dijo que prefiere que sean debatidos otros asuntos relacionados con la seguridad pública, que urgen y que tendrían buen éxito legislativo.

“Esperemos que la misma insistencia que se pone en la pena de muerte, tengan para darle al Estado las herramientas y el andamiaje jurídico necesario para combatir al crimen”.