El Instituto Federal Electoral (IFE) y la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) firmaron un convenio para evitar que los programas gubernamentales sean utilizados con fines político el próximo año.

Durante la firma del convenio, el secretario ejecutivo del IFE, Edmundo Jacobo Molina, confirmó que se revisará el reglamento de la Unidad de Fiscalización para normar las sanciones de que serán objeto los funcionarios que violen los artículos 41 y 134 de la Constitución.

Lo que se busca con estas reformas —que podrían discutirse el próximo 22 de diciembre— es evitar que los servidores públicos “distorsionen” la equidad de la competencia electoral entre partidos y garantizar que se apliquen con equidad los recursos públicos para los fines para los que están destinados.

Salvaguardarequidad

En suma, el propósito es que la propaganda gubernamental no se desvíe para fines electorales, de promoción del voto o imagen de los funcionarios públicos y que exista un régimen de sanciones debidamente estipulado.

Los servidores públicos no deben atentar contra la equidad, ni promover su imagen con recursos del erario, dijo Jacobo Molina.

Sin embargo, el titular de Sedesol, Ernesto Cordero, consideró natural que la mayor parte de delegados de esa dependencia sean panistas “porque es el partido que gobierna México desde el año 2000”.

Esto lo declaró en entrevista, luego de que el secretario Ejecutivo de ese organismo, Edmundo Jacobo Molina, reconoció nuevamente que la intervención de diferentes servidores públicos, pusieron en riesgo la elección presidencial del 2006 e hizo un llamado a evitar incurrir en faltas que obliguen al IFE aplicar la ley.