CIUDAD JUÁREZ, Chih.— Heridos con ráfagas de metralleta, ingresaron la noche del domingo 23 de noviembre a la sala de urgencias del Hospital de Especialidades 66 del IMSS. Los dos hombres, menores de 20 años, habían sido tiroteados minutos antes, cuando se hallaban sentados afuera de su vivienda con dos adolescentes.

En los medios locales la noticia se limitó a la descripción del tiroteo y la muerte posterior de los cuatro jóvenes; nunca reportaron que detrás de los paramédicos llegó un grupo de hombres armados que ordenó a gritos la intervención inmediata de médicos y enfermeras, mientras una multitud de pacientes y trabajadores huían intimidados por la imagen letal de enmascarados fusil en mano.

“El doctor nos dijo en ese momento que dejáramos ahí a uno de ellos, que ya estaba muerto”, recuerda una de las enfermeras de turno esa noche. “El otro muchacho estaba consciente y nomás preguntaba si se iba a salvar; estaba muy nervioso, muy nervioso, con mucho miedo”. Mientras alistaban el quirófano sufrió un infarto y por la falta de equipo no hubo manera de reaccionar. El médico y las enfermeras se quedaron pasmados unos segundos, y se sorprendieron cuando el corazón recuperó el latido sin que ellos hubieran intentado una maniobra de resucitación.

Enseguida el joven ingresó a la sala de cirugía y sobrevivió, pero apenas despertó de la anestesia volvió al mismo estado de ansiedad: quería saber cuándo podría irse. “Tenía miedo de que fueran a rematarlo, y volvió a infartarse; esta vez ya no pudimos hacer nada para revivirlo”, cuenta la enfermera. “Para entonces ya tampoco estaba el comando”.

El miedo de cada día

El episodio que ha seguido a cada uno de los más de mil 400 asesinatos cometidos en el contexto de un enfrentamiento que el gobierno atribuye a dos bandas de narcotraficantes, es el otro gran causante del miedo social. Los cuerpos médicos no están solos en el estremecedor capítulo de las amenazas, los acompañan socorristas y empleados funerarios, familias y conocidos de las víctimas, comerciantes pequeños y medianos, ejecutivos de la industria maquiladora, profesores y directivos de escuelas.

Ciudad Juárez, como el resto del estado de Chihuahua, donde se concentra la tercera parte de los asesinatos atribuidos al crimen organizado este año a nivel nacional, ha visto un inédito despliegue de poderío criminal. En una ciudad donde de madrugada las calles desiertas quedan bajo patrullaje de militares y policías, los grupos en pugna han tomado las avenidas principales ya para colgar un cuerpo decapitado o simular la crucifixión de otro, ya para arrojar víctimas desmembradas en edificios públicos con mensajes escritos en los que elevan el desafío bajo la firma de su organización.

“Se puede decir que en la actualidad en este territorio se evidencia una forma de violencia transversal, que atraviesa toda la sociedad y que privilegia las manifestaciones públicas y representadas de violencia. Incluso se puede afirmar que en la actualidad la construcción social del miedo y los discursos que lo reivindican se han agudizado”.

La violencia es escenificada y prácticamente incorporada a la cotidianidad del estado, impactando de diversas maneras a la ciudadanía”, dice Lilian Paola Ovalle, investigadora de la Universidad Autónoma de Baja California, especializada en procesos socioculturales derivados del narcotráfico.

La apuesta de los criminales ha ido en aumento desde finales de marzo, cuando se implementó el Operativo Conjunto Chihuahua. Hasta entonces, la forma en que se cometían los homicidios guardaba correspondencia con las imágenes del pasado, de personas abatidas a tiros. La suma de 210 asesinatos al cierre del primer trimestre representaba una cifra desmedida de violencia que, sin embargo, fue abrumada por la secuencia de otros mil hasta noviembre, 228 de los cuales fueron cometidos en agosto.

El argumento de las autoridades ante tal escenario ha sido único e irrevocable: esta es una guerra larga y dolorosa que costará muchas vidas, incluidas las de personas inocentes. Lilian Paola Ovalle coincide con el argumento, aunque matiza. En principio, asegura, quienes acusan el dolor son las familias de los policías muertos, de los civiles asesinados y desaparecidos; los hombres y mujeres implicados en esa actividad económica ilegal, y la población reclusa del país, que a cuenta del combate por el control del mercado de drogas aumenta exponencialmente, rebasando la capacidad institucional.

“Es necesario asentar esto porque parece que estas situaciones se invisibilizan y carecen de importancia en los discursos oficiales que proclaman ‘sabemos que limpiar al país no es tarea fácil’. ‘Estamos trabajando para que la droga no llegue a sus hijos’, dicen. Pero parece que cuando se señala que es una guerra dolorosa, sólo se recuerda el ‘dolor’ de la sociedad civil que ‘sin deberla’ debe convivir con la violencia asociada a la guerra contra las drogas”, comenta.

Los desvaríos de Baeza

En octubre 23 un grupo armado atacó la entrada principal de una funeraria en la que eran velados los restos de tres personas asesinadas a tiros el día anterior en una colonia popular juarense. Esta incursión dejó dos hombres y dos mujeres lesionados, así como una advertencia para que no se continuara con el servicio, según refirió el encargado de cortejos fúnebres de otra agencia de la ciudad que finalmente los sepultó sin mayor ceremonia.

En la construcción del miedo social como figura visible de esta disputa, las autoridades han aportado mucho con sus desvaríos. El gobernador chihuahuense, José Reyes Baeza, sugirió el 23 de marzo que los asesinatos habían alcanzado su punto culminante y que a partir de entonces bajarían. “Estoy seguro (de) que pronto pasará la actual situación atípica en lo que a muertes violentas se refiere, ya que es una disputa de grupos antagónicos que arroja esta cifra de muertes vinculadas con el narco”, dijo cinco días antes de que llegaran las tropas federales para la lucha anticrimen.

En la semana previa a estas palabras optimistas ofreció, en cambio, un discurso sombrío en el que habló de una lucha cruenta que produciría cientos de asesinatos, en un escenario debilitado por la infiltración del narcotráfico en la policía local. “No hay una corporación que no esté coludida”, acusó. Las oscilaciones del gobernador no cesan.

“Es claro que no hay una buena comunicación entre los gobiernos, y eso ha sido obvio a través de los meses”, explica Carlos Murillo, investigador del Colegio de Chihuahua, especialista en el análisis del comportamiento social frente al discurso político. “Y desde luego que ante este tipo de discursos contradictorios la voz de los ciudadanos ha comenzado a afianzarse aun con la difusión de rumores”.

Las cadenas de correos electrónicos sobre supuestas masacres en sitios públicos o que llaman a un toque de queda han encontrado por lo menos el objetivo de la atención pública, en medio de tal escenario. Los habitantes de clase media, expone Murillo, son quienes comienzan a tomar la internet para difundir sus miedos y convocar acciones de resistencia civil como una manera de forzar a las autoridades para que logren un control de la violencia. En ello contribuye también la actual condición de los medios de comunicación, acotados por el miedo.

Y cuando el gobierno despertó...

Esa contención de los medios noticiosos para ir detrás de información que permita contextos mayores a la que alude el académico, ha provocado, por ejemplo, que las autoridades desatiendan sucesos criminales que atemorizan a la sociedad. Desde septiembre, el personal académico de algunas escuelas públicas comenzó a ser víctima de extorsiones y asaltos, pero no se reaccionó sino hasta un mes más tarde, cuando la prensa difundió lo que sucedía.

Para entonces la delincuencia había llegado al límite de colocar mantas amenazantes en los planteles y exigir cuota por alumno en por lo menos una preparatoria. “Con nosotros llegaron unos hombres con armas y nos despojaron de nuestro dinero en horas de clase”, narra una profesora de la primaria 21 de Marzo, situada en una de las dos principales avenidas de la ciudad, frente a un hotel donde se alojan agentes federales.

En el torrente de información por vías informales, la profesora habla de peores circunstancias en otras escuelas, en donde le han dicho sus compañeras que grupos armados han penetrado para robar la nómina y saber a quién extorsionar durante la entrega de aguinaldos y fondos de ahorro. Versiones semejantes se cuentan por lo menos de una empresa maquiladora, pero nadie ha formalizado el dato.

La conjunción de una espiral de violencia y la vía alterna que ha encontrado la ciudadanía para comunicar sus miedos, ha sumergido a ésta en las turbias aguas de la incertidumbre. “La realidad rebasa de tal forma la capacidad de dar sentido a los hechos violentos que los habitantes muestran una clara dificultad para interpretar la situación de la que son testigos”, ahonda Lilian Paola Ovalle, de la Universidad Autónoma de Baja California.

“Como resultado, la sociedad o sobredimensiona o minimiza los riesgos ante los que está expuesta. De allí que es normal que empiecen a circular mensajes de amenazas de bombas en escuelas, leyendas de narcos que matan por diversión o por apuestas, amenazas anónimas a quienes salgan a restaurantes en la noche”, asegura.

Las consecuencias son dramáticas para una ciudad en tales condiciones. La indiferencia y conformidad hacia el nuevo escenario violento está asociado a la incipiente capacidad de respuesta y las escasas propuestas de afiliación o participación de la sociedad civil para contener o enfrentar las acciones violentas.

Pero en el ritual de la violencia y en los actos que siguen a los asesinatos, como los episodios del hospital o la agencia funeraria, hay una acción perfectamente calculada, de acuerdo con la investigadora Ovalle, “con esto quiero decir que las ejecuciones, el ritual de la muerte violenta, la forma en que son tratados, expuestos y escenificados los cuerpos, no debe ser vista necesariamente como un evento desordenado y aleatorio. Más allá del evidente mensaje de demostración de poder hacia las autoridades y la sociedad en general, lo que esta violencia expresa es la necesidad de proteger y perpetuar una actividad económica sumamente rentable”.