El Centro de Estudios en Seguridad Pública (CESP) señaló que el modelo de seguridad y combate al crimen aplicado en los últimos 15 años en el país, ha fracasado y que las reformas alcanzadas en el poder legislativo son muy limitadas y abren espacios de autonomía militar inadecuados.

Por ejemplo, señala el Centro de Estudios en Seguridad Pública en su análisis, “los militares no tuvieron un límite en la participación en el Consejo Nacional de Seguridad”.

En contraste con las declaraciones internacionales del Ejecutivo, añade el texto, “se les mantuvo como integrantes plenos y no se avanzó en acotar su presencia a la circunstancia de crisis que vive el país. Así se le da carácter de regular y permanente a lo que debe ser una respuesta temporal y emergente”.

El Centro de Estudios en Seguridad Pública revisa las debilidades y ausencias en las reformas que serán aprobadas en definitiva en el Senado de la República.

El centro de estudios puntualiza que el tono y fondo de las reformas dejó más bien en claro el clima de desconfianza hacia el secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, en vez de centrarse en objetivos globales y de largo alcance.

“Lo que predominó fue la desconfianza hacia la Secretaría de Seguridad Pública Federal para que asumiera un papel central en el sistema, avivada por las investigaciones al círculo cercano de colaboradores de Genero García Luna y un relativo fortalecimiento del Consejo Nacional de Seguridad Pública, en particular para permitir la influencia de los gobernadores”, indica el CESP.

Sobre el Programa Nacional de Seguridad Pública (PNSP), el CESP señala que no existe un organismo o cuerpo colegiado que revise su diseño y alcances, y éste sigue siendo aprobado por el Presidente de la República. Además, de último momento fue cancelada la intervención del poder legislativo que hubiera sido relevante para dar seguimiento a los recursos asignados para combatir el crimen.

El documento, elaborado por Adolfo Miranda Castillo, destaca que “los militares no tuvieron un límite en la participación en el Consejo Nacional de Seguridad”.

En cuanto a los aspectos positivos, el CESP señala que en un logro el hecho de que “no se haya avanzado en la unificación de las policías federales y que se mantuviera el control del sistema en un esquema compatible con el pacto federal”.

También, “se precisó la aprobación colegiada a los criterios de evaluación común, el registro de los policías certificados y de quienes los validan, entre otras áreas en las que las autoridades tendrán que cumplir reglas mínimas”, añade el texto.