liliana.alcantara@eluniversal.com.mxEl caso de los tres presuntos responsables de los atentados en Morelia, Michoacán, el 15 de septiembre, fue presentado ante la ONU, debido a las detenciones arbitarias y a los supuestos actos de tortura cometidos contra los indiciados.
Son Juan Carlos Castro Galeana, Julio César Mondragón Mendoza y Alfredo Rosas Elicea, detenidos en septiembre y señalados como los autores del atentado con granadas en el que murieron ocho personas y 105 resultaron heridas.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Pro) requirió la intervención del Comité contra la Tortura y del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas, ambas de la ONU, con el fin de que soliciten al gobierno mexicano una investigación pronta e imparcial de los hechos dada su gravedad y por ser un asunto de “altísimo perfil en el ámbito nacional”.
La organización detalló que según las declaraciones de los detenidos, de sus familiares y de testigos, se presume que fueron “secuestrados” y torturados en Michoacán para que memorizaran una declaración autoinculpatoria, misma que luego manifestaron ante agentes de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO).
El Centro Pro señaló que las lesiones causadas por la tortura quedaron en evidencia cuando los detenidos fueron presentados ante los medios de comunicación y agregó que según los testigos, los tres presuntos responsables estaban en Lázaro Cárdenas, Michoacán, cuando ocurrieron los atentados en Morelia, pero la SIEDO no tomó en cuenta esas declaraciones.
Otra irregularidad denunciada por el Centro Pro ante NAciones Unidas es que la SIEDO pretende subsanar la “nula” investigación de los hechos con la existencia de una supuesta llamada anónima de denuncia.
Esta asociación civil, en su carácter de coadyuvante en la integración de la queja que radica en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), informó a la ONU que la tortura es empleada de manera reiterada como método para extraer confesiones y evadir la obligación de investigar a fondo, con métodos científicos, la posible comisión de delitos.