S esionaba la Comisión de Seguridad Pública en San Lázaro, cuando un diputado recibió el mensaje: tenía una llamada urgente desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Fue a atender el telefonema y conoció la información, alarmante, estremecedora:

Ayer mismo, en esa ciudad, casi 20 maestros de escuelas públicas presentaron denuncias ante el agente del Ministerio Público. Coincidieron en que han recibido amenazas, tendrán que entregar cada uno mil 200 dólares a quienes desde el anonimato se los piden y les han advertido que, en caso contrario, algo les pasará a ellas, a ellos o a sus familias.

El informe apuntaba también que los profesores fueron además avisados que por cada alumno, se deberán pagar 200 pesos a la semana para que puedan acudir al plantel sin que les ocurra nada.

Ciertas o no las amenazas, dijo el legislador, reflejan el terror que vive Ciudad Juárez, donde la sociedad ya es víctima. Él mismo pidió no citar su nombre. Lo confesó: “Tengo miedo. Yo estoy aquí, pero mi familia no”.

Una cruda evidencia, un testimonio de la inseguridad, de la impunidad, mientras en la Cámara de Diputados continuaban las negociaciones de las iniciativas que buscan dar más protección a la gente y castigar efectivamente a los delincuentes.

Negociaciones, conversaciones que avanzan aparentemente ya sin grandes obstáculos, después de que los representantes de los principales grupos legislativos llegaron a diversos acuerdos, entre ellos, que, como lo demandaban PRI y PRD, el jefe del Ejecutivo presida el Consejo Nacional de Seguridad Pública, y después de él, en ese órgano esté el secretario de Gobernación.

En otras palabras, confesaron voces de participantes en la negociación, que no esté en dichos cargos el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.

Evidente, expresa, reiterada la desconfianza de priístas y perredistas. Tampoco querían que García Luna se encargara de certificar el trabajo de gobiernos estatales en seguridad y, por lo mismo, que no sea con él o en esa forma como se decida si les otorgan o les quitan recursos públicos para dicho rubro.

Ayer, al caer la tarde, coincidían diputados de las distintas fracciones, todo marchaba; llevaban más de la mitad de los puntos aprobados. Se encaminaban a discutir los siguientes, para que los dictámenes sean presentados ante el pleno este jueves, con dispensa de trámite. Otro proyecto, el que daría la coordinación de todas las policías federales a un solo secretario, se congela hasta el próximo periodo de sesiones.

San Lázaro. Las historias que ahí llegan, las que de ahí sale.