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Las advertencias hechas en octubre de 2007 por el secretario de la Defensa Nacional (Sedena) Guillermo Galván, sobre la urgencia de contar con un mayor presupuesto para detener el acelerado deterioro de las capacidades defensivas del Ejército y frenar la “degradación” de las Fuerzas Armadas no fueron atendidas a fondo.

A pesar de haberle autorizado a la Sedena el mayor ejercicio presupuestal en su historia —con 43 mil 623 millones, 321 mil 860 pesos—, la dependencia se quedó sin la activación de los programas considerados por el alto mando como vitales para garantizar la soberanía del país, la seguridad interior y, sobre todo, su vigencia y modernización como institución armada.

“La degradación de nuestro poder militar es tan notable, que en los próximos cinco años este proceso puede tornarse irreversible”, les dijo en ese momento el general Galván a los legisladores citando el estudio Agenda. Panorama General del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, del cual tiene copia este diario.

El documento interno de la Sedena presentado en diferentes ocasiones a diputados y senadores fue clasificado con carácter de “muy confidencial”, advierte sobre el grave rezago histórico que arrastran por décadas el Ejército y la Fuerza Aérea, y la necesidad de destinar un mayor presupuesto para rubros estratégicos.

“Su desarticulación y accionar manifiestan tal desproporción y desajuste, que se traducen en limitaciones tácticas y técnicas tan graves que los inhabilitan para actuar en operaciones de defensa del Estado mexicano”, detalla el documento.

La composición de las demandas militares contrastadas con lo otorgado en el presupuesto, indican que el esfuerzo legislativo para impulsar a la Sedena se quedó corto una vez más.

Por ejemplo, la Sedena mencionó a legisladores la necesidad de comprar 12 aviones F-16 para integrar un escuadrón de pelea. Estos aparatos, señala el texto, tienen “muy superiores prestaciones técnicas y tecnológicas a las que poseen los F-5 con que contamos actualmente”.

Otra urgencia planteada por la Sedena fue la creación de cuatro baterías antiaéreas (una por año)” que iban a ser instaladas en igual número de lugares en el sureste del país. Su costo total se calculaba en 3 mil 40 millones de pesos, y se esperaba la autorización del Congreso para la aprobación de cuatro partidas por 760 millones de pesos que iban a ser ejercidas desde 2008 hasta 2011. Nada de esto se autorizó.

El combate al crimen organizado y el cumplimiento de la agenda de seguridad interior a partir de la activación del Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal (CFAF) fue presentado también como una necesidad a cumplir por el general Galván.

Lo hizo por segunda vez consecutiva y sin éxito, ya que al inicio de la administración de Felipe Calderón el CFAF fue el primer proyecto importante presentado por el alto mando para enfrentar con movilidad y armamento nuevo al crimen organizado.

La propuesta sólo llegó a plasmarse en el papel tras ser publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de mayo de 2007.

En su segundo intento, el general Galván planteó la creación de 10 mil plazas para activar al CFAF con base en un presupuesto de 4 mil 706 millones de pesos (el proyecto inicial de 2007 planteaba un gasto de mil 600 millones de pesos para darle vida al CFAF). Otra vez no fue aprobada.