En 10 meses, el gobierno federal ejerció acciones contra 156 empresas de seguridad privada, de las cuales 66 fueron suspendidas por no cumplir con la normatividad requerida.

Según una de las 50 respuestas que envió el presidente Felipe Calderón al Senado, como parte del segundo Informe de Gobierno, de septiembre de 2007 a julio de 2008 se practicaron un total de 547 visitas de verificación a empresas de seguridad privada, y como medida de seguridad, además de suspender a 66 consorcios, se amonestó a 88 y dos fueron multadas.

A raíz del incremento de la delincuencia, los servicios de seguridad privada han tenido un realce importante para el combate al crimen organizado.

La pregunta parlamentaria fue formulada por la fracción del PAN en el Senado y cuestionaba cuáles son los resultados del proceso de certificación de las empresas de seguridad privada.

En la segunda pregunta del PAN al Ejecutivo en cuanto a posibles vínculos de esas empresas con la delincuencia organizada, el gobierno federal informó que instancias como la PGR, SSP y Hacienda, tienen mecanismos para investigarlas, pero no ofreció más detalles.

Respondió que la supervisión de las empresas se da a través de la coordinación con la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de Hacienda, la cual puede presentar denuncias ante la PGR.

En el resto de la respuesta, el gobierno remitió la misma información de la primera pregunta, en cuanto a número de empresas autorizadas, y las sancionadas.

En cuanto a la primera pregunta, se informó además que entre septiembre de 2007 y julio pasado, las autoridades autorizaron la operación de 491 consorcios que se dedican a brindar servicios de seguridad privada, y que operan en dos o más entidades del país.

Al respecto, el Ejecutivo respondió que la dirección de Seguridad Privada es la encargada de validar y autorizar a los prestadores de servicios que han cumplido todos los requisitos que para su legal funcionamiento exige la ley en la materia.

Se informó que para optimizar resultados se han establecido diversos mecanismos para detectar a las empresas que prestan estos servicios en dos o más entidades federativas “sin apegarse al marco legal, derivado de lo cual, entre septiembre de 2007 y julio del 2008 se autorizaron 491 empresas de seguridad privada, que operan en dos o más entidades federativas”.