No, él no es el Abogado del Diablo. Si se trata de compararlo con algún personaje de película, Diego Fernández de Cevallos es, sin duda, El Padrino.

Quienes lo conocen lo describen como un personaje todopoderoso al que medio mundo, en todos los sectores de la vida del país, lo mismo del ámbito político que judicial, le deben favores. El Don Vito Corleone de la abogacía.

A su despacho de las Lomas de Chapultepec acuden con mucha regularidad personas con juicios multimillonarios de todo el país, que están dispuestas a pagar sumas enormes con tal de que las defienda, porque él, para muchos de sus clientes, es garantía de triunfo.

También llegan por temporadas personajes políticos, lo mismo gobernadores que presidentes municipales que necesitan algún apoyo, asesoría o sólo una llamada que les abra una puerta, gratis.

Como abogado, hay tres tipos de juicios que lo definen: los multimillonarios —los que sólo patrocina después de un análisis con el que verifica que existen altas probabilidades de ganar—; los que litiga gratis, como un favor especial a alguien, y los que lo apasionan, los que lleva por el puro gusto de promoverlos. Al final, los primeros pagan tan bien que se puede dar el lujo de atender los otros.

De los que patrocina como favores, el abogado, que no cuenta con maestrías ni doctorado, pero de quien, dicen, tiene una habilidad nata para detectar el punto débil de sus contrapartes, son los que menos trascienden, los que menos se conocen, pero los que a la larga, dicen quienes lo conocen o han litigado en su contra, le han redituado muchos frutos.

Los juicios que promueve por gusto propio el hombre barbado, quien, dicen, podrá ser lo que sea, pero como abogado es un hombre de palabra, es difícil ubicarlos. Entre ellos están algunos como el que promovió recientemente —y que perdió en primera instancia— contra la Ley Antitabaco aplicable en el Distrito Federal, que establece espacios 100% libres de humo, y que le impide fumar su clásico puro en establecimientos mercantiles.

Pero, definitivamente, los juicios que le han generado fama a quien estudiara la licenciatura en la Facultad de Derecho de la UNAM, y en la que se dice perteneció al Movimiento Universitario de Renovadora Orientación (MURO) —organización ultraderechista que pretendía erradicar el comunismo en la universidad—, son los de cantidades multimillonarias.

Esos juicios, generalmente largos, como el que le ganó a la Secretaría de Hacienda después de cinco años, en 2001, para que le devolviera a la empresa Jugos del Valle más de mil 300 millones de pesos que había pagado por concepto del IVA y que le ganaron la fama de litigar en contra del gobierno.

O como el que asumió hace menos de dos años para defender a un cliente de Banamex, en lo que se ha convertido en el juicio más cuantioso de la historia reciente, en el que están en juego alrededor de 7 mil millones de dólares, de acuerdo con cálculos de la defensa.

Si de algo lo critican sus opositores es que como legislador se valió de sus funciones para beneficiarse o para traficar con sus influencias en favor de sus clientes.

Y eso fue lo que motivó que en 2007 el Senado de la República aprobara la Ley Antidiego —actualmente congelada en la Cámara de Diputados—, en la que se le prohíbe a legisladores litigar en contra del Estado, ocupar algún otro cargo público de manera paralela y obtener beneficios o prebendas económicas a partir de su encargo en el Congreso de la Unión.

Entre otras cosas, a Diego, cuando era líder de la bancada del PAN junto con un grupo de ex diputados entre los que se encontraba Fernando Gómez Mont, ahora secretario de Gobernación, se le atribuye haber tejido, durante el gobierno de Carlos Salinas, las reformas con base en las cuales impulsó la reducción o la anulación de las sanciones para delitos considerados como no graves, como los de cuello blanco.

Esa reforma benefició posteriormente a varios de los clientes que defendió el ahora secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, uno de personajes que forman parte del círculo cercano del llamado Jefe Diego.

Un personaje con el que comenzó a tener contacto cuando, de joven, Diego empezó a litigar en el despacho propiedad de Felipe Gómez Mont, padre del actual secretario de Gobernación.

Por lo general, dicen quienes lo conocen, Diego suele no aparecer al frente de la mayoría de sus casos. La operación de las estrategias que él arma se las encomienda a los despachos de otros ex legisladores y ex funcionarios como Antonio Lozano Gracia, Salvador Rocha Díaz, César Jáuregui y Fauzi Hamdán.

Como abogado, Diego siempre se mueve y no se le ve, pero en todos los juicios en los que participa se siente su presencia.