MONTERREY, NL.— El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Sergio Valls Hernández, reconoció que no se puede negar “que puede haber algunos servidores públicos del Poder Judicial de la Federación que incurran en conductas impropias, aun coludidos con el crimen organizado”, ante jueces y magistrados penales de todo el país.

A una semana de que el presidente Felipe Calderón llamara a extender la llamada Operación Limpieza, que se realiza en la PGR y la Secretaría de Seguridad Pública, al Poder Judicial, Valls Hernández aseguró que la identificación y la voluntad de extirpar a los malos elementos es real, pero que la labor que realiza el Consejo de la Judicatura Federal es incomprendida.

Por este motivo, de manera inusual, al clausurar el Congreso Nacional de Juzgadores que se realizó en esta ciudad para analizar la reciente reforma a la Constitución en materia penal, el ministro dijo que la extirpación de los malos elementos en el Poder Judicial es menos rápida que la de otros poderes.

“Pues no es un asunto de ausencia de voluntad política del presidente de la Suprema Corte de Justicia, o del Consejo de la Judicatura Federal o del Pleno de ministros de nuestro más alto tribunal”, en especial, agregó, porque existen procedimientos constitucionales para lograrlo.

Las declaraciones de Valls se dieron un día después de que el presidente de la Corte, Guillermo Ortiz Mayagoitia, afirmó que los juzgadores federales procuran mantenerse a la altura de sus funciones, mediante prácticas sanas, el desarrollo ético, pero que, al mismo tiempo, no son autocomplacientes, ni “puros e infalibles”, por lo que se capacitaban constantemente y se sometían a la vigilancia y observación.

Limpia, “no puede darse”

En su intervención, que causó sorpresa entre los jueces y magistrados encargados de los asuntos penales del país, el ministro Sergio Valls dijo que mientras el Presidente y los gobernadores, pueden depurar los mandos de sus cuerpos de seguridad simplemente por haberles perdido la confianza, en el Poder Judicial esto no puede darse.

“Tratándose de jueces federales que pudieran ser deshonestos, la depuración es, por exigencia constitucional y legal, el resultado de un procedimiento que implica, acreditar plenamente los actos irregulares. No es por capricho o frivolidad y menos aún por colusión, sino porque así lo ordena el marco constitucional y legal que nos rige”, aseguró.

El ministro destacó que “estas son las cuestiones básicas que la opinión pública debe saber para evitar que la mala conducta de unos jueces indebidamente se cargue al Poder Judicial como institución. Debemos hacer comprender que el Poder Judicial está organizado de forma diferente, es un poder descentralizado”.

“En consecuencia —agregó— cada juez es responsable por sus propios actos”. Y no, dijo, como ocurre en el Poder Ejecutivo, donde los actos de todos los funcionarios pueden ser imputables al Presidente o a gobernadores.