La transparencia, fiscalización, amonestaciones, candados a servidores públicos y el flujo de recursos, son los temas de la reforma de Seguridad Pública que están encorchetados, y que evitan que el Congreso avance en el análisis.

Son capítulos enteros los que están marcados como pendientes, y en los que se encuentran algunas propuestas para endurecer los resultados de las instancias de seguridad pública en todo el país.

El tema ha polarizado a los tres principales partidos en la Cámara Baja, al grado de que sus coordinadores cruzan declaraciones que se convierten en bromas; Héctor Larios del PAN aseguró que: “Dios Mediante (la nueva Ley General de Seguridad Pública) será aprobada hoy”.

Y el perredista Javier González Garza le respondió: “Ellos dicen que está planchada; yo no sé a qué tintorería fueron. Lo discutiremos el lunes tranquilos”.

Las negociaciones entre PRI y PAN incluyeron un último esfuerzo por demostrar que sí se ha avanzado en materia de seguridad, por lo que se citaron, de última hora, para sesionar en la Comisión de Seguridad Pública este jueves a las 11:00 horas.

En lo que se refiere al contenido, el PRI se niega a aprobar un candado para la suspensión de recursos a estados y municipios en caso de que éstos no den resultados en el combate contra la delincuencia organizada.

Rechaza algunas sanciones a servidores públicos sobre el mal manejo de la información de Plataforma México; y la petición de que la Auditoría Superior de la Federación supervise cada peso invertido en esta rama.

En el proyecto de dictamen de la comisión de Seguridad Pública, presentado ayer por la tarde —y del cual EL UNIVERSAL tiene una copia—, se establece la posibilidad de que sí sea el secretario de Gobernación quien presida el Consejo Nacional de seguridad y no el presidente de la República.

Lo anterior, coincide con la agenda de trabajo de la Auditoría Superior de la Federación en la que por primera vez, fiscalizará a todos los estados en el uso del Fondo de Aportaciones Especiales para la Seguridad en su ejercicio 2008.

El Presidente propuso “la cancelación de la ministración de las aportaciones a las entidades federativas o, en su caso a los municipios, por un periodo u objeto determinado, cuando incumplan lo previsto en esta ley o los acuerdos generales ”.