El 15 de noviembre pasado, el ex director de Enlace Externo de Interpol, Mario Arturo Velarde Martínez, sujeto a investigación por la posible venta de información reservada a grupos del crimen organizado, firmó su retiro voluntario de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal.

Así, puso fin, al menos por ahora, a una carrera que en menos de siete años lo llevó del campo de las relaciones públicas a las áreas de seguridad nacional y combate al narco, de la mano del titular de la SSP, Genaro García Luna.

En marzo de 2002, Velarde, quien venía de trabajar en áreas de comunicación social de diversas dependencias, como la Secretaría de Desarrollo Social y la Cancillería, se incorporó al equipo de García Luna, entonces director de la AFI, como su secretario particular.

En ese cargo estuvo hasta diciembre de 2006, época en la que reportó un ingreso mensual de 51 mil 197 pesos, de acuerdo con sus declaraciones patrimoniales.

A partir de 2007, su ingreso como servidor público se duplicó al recibir una nueva encomienda: la Dirección de Enlace Externo de Interpol México, bajo las órdenes del titular de la oficina, Ricardo Gutiérrez Vargas —arraigado el martes pasado dentro de la misma indagatoria.

Velarde permaneció en Interpol hasta el 30 de septiembre de 2007, fecha en la que dejó el cargo para incorporarse a la PFP.

El 1 de octubre de ese año asumió la Dirección General Adjunta de la División Antidrogas, un área que creó García Luna dentro de la Coordinación de Seguridad Regional, y que estaba a cargo de Víctor Gerardo Garay Cadena y Francisco Navarro Espinosa, ambos bajo arraigo judicial.

Hace dos meses, cuando estaban en curso las primeras acciones de la Operación Limpieza, Velarde, de 40 años, comenzó a tramitar su retiro voluntario de las filas de la Policía Federal Preventiva (PFP); su petición se concretó el 15 de noviembre, cuando su nombre comenzó a relacionarse con la red de servidores públicos que trabajaban para el crimen organizado.

Ayer, luego de comparecer durante seis horas ante la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), en el marco de las investigaciones de la Operación Limpieza, se reservó el derecho a declarar sobre los señalamientos de un testigo protegido que lo involucran con esa red.

El ex funcionario respondió parte del interrogatorio, se reservó el derecho de contestar por escrito algunas de las preguntas y abandonó las instalaciones de la SIEDO, sin que se descarte la posibilidad de que sea requerido nuevamente, informó a Procuraduría General de la República.