El escándalo por los posibles actos fraudulentos y de corrupción con la falsificación de firmas de diputados para obtener boletos de avión y dinero en efectivo, parecía sepultado bajo una montaña de intereses, burocracias e indiferencia. Pero ayer el asunto renació en San Lázaro aunque pocos se dieron cuenta.

Una agente del Ministerio Público federal y tres representantes de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales, que sigue el caso, entraron discretamente al Palacio Legislativo para ir al despacho de la diputada panista Marcela Cuen Garibi para tomarle una declaración y hacerle pruebas de grafología.

Ella denunció en febrero pasado que su firma fue falsificada en el seno de la Comisión Especial para el Estudio de las Políticas para la Migración Interna, para obtener tres boletos de avión y viáticos para viajes que nunca realizó. Otros legisladores aseguraron que les había ocurrido lo mismo. Sin embargo, aún frente a diversas presiones y una serie de obstáculos, ella es la que ha insistido en que se llegue al fondo para castigar a los culpables.

Eran casi las dos de la tarde. En el salón de sesiones estaban más de 60 diputados. Ahí, Marcela Cuen recibió un llamado de su oficina. Minutos más tarde, ella declaraba. Mostraba un documento en el que se señala que asistentes del diputado perredista Raúl Río Gamboa, presidente de la Comisión, fueron quienes presuntamente hicieron los trámites fraudulentos. La agente del Ministerio Público le mostró papeles, copias de pases de abordar, otros oficios en los que aparecía la rúbrica con su nombre.

Luego, Cuen tuvo que escribir con dos tipos de letra distintos el abecedario en mayúsculas y minúsculas, y repetir su nombre y su firma, así como la frase: “pase de abordar” más de 20 veces.

Finalmente, leyó su declaración. Preguntó qué sigue. Le dijeron que llevarán adelante la investigación con otros diputados.

Y ahí está el problema, diría luego al cronista. Piensa que no todos están dispuestos a colaborar. Y a eso le agrega un documento de la Contraloría Interna de la Cámara de Diputados que señala que no hay elementos para iniciar un procedimiento administrativo frente a su denuncia.

Luego de la tres de la tarde se levantó la sesión del Pleno. Los pocos que quedaban se retiraron. Casi nadie se había enterado de la diligencia. El caso que parecía sepultado ha reaparecido.