Los actuales concursos para ser juez de distrito o magistrado de circuito son muestra de una apertura en el Poder Judicial federal que hace unas décadas era impensable. Antes de la reforma judicial de 1994, para ser juez (y después magistrado) sólo había un camino: pasar por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mostrar que el secretario tenía madera para tales cargos… y esperar turno en las designaciones que se hacían directamente por los ministros. Los secretarios de Juzgados y Tribunales, junto con litigantes y académicos prácticamente quedaban descartados: si alguno era nombrado juez o magistrado, era una excepción. Las designaciones, en ocasiones, nada tenían que ver con la carrera judicial. Ahora es otra historia.

Democráticamente se puede acceder a los cargos de juez o magistrado de la Federación. Basta reunir ciertos requisitos (tener 30 ó 35 años de edad, ser licenciado en derecho, no tener antecedentes penales, etc.) y es viable participar en los concursos por oposición. Muchos concursos son reservados para los integrantes del Poder Judicial Federal, pero también se han hecho concursos abiertos en los que han participado litigantes, académicos y funcionarios de los poderes judiciales de los estados.

Actualmente se realizan concursos de oposición para magistrado de Circuito, en los que fue reservado el ingreso para jueces de Distrito con cierta antigüedad. Tales concursos constan de tres partes. En la primera se resuelve un cuestionario de 50 preguntas, complejas todas, basado en un banco de mil preguntas. Las preguntas están relacionadas con la jurisprudencia de la novena época de la Suprema Corte de Justicia. Con ello se busca que el futuro magistrado, de entrada, esté actualizado y compenetrado con la jurisprudencia vigente. Esta primera fase es calificada por lector óptico en presencia del sustentante y todos los resultados se publican inmediatamente. A la segunda etapa sólo acceden quienes obtienen una calificación mínima de 80 puntos. Ésta consiste en resolver un caso real, donde se califica la técnica jurídica en la sentencia que elabora el participante; además, se hace un examen oral, público para mayor transparencia, sobre un temario amplísimo de todas las materias. Es decir, se requiere que el concursante sepa resolver un juicio y conozca a fondo el derecho. La sentencia elaborada es marcada con códigos de barras para evitar que quienes lo califican se enteren quién lo hizo.

Estos últimos resultados se evalúan junto con todos los factores del desempeño del funcionario, en los que se incluyen: antigüedad, carrera judicial, grado académico, actualización legislativa, desempeño en el cargo (el que se subdivide en laboral, administrativo y judicial), verificar si ha sido sancionado y si ha realizado publicaciones jurídicas. De modo que se toman en cuenta todos los aspectos relacionados con la función. Los nombres de los concursantes que inician y los que pasan a las siguientes etapas, son publicados en el Diario Oficial de la Federación; así, si alguien tiene una objeción sobre alguno de ellos (por conductas indebidas u otro motivo) puede hacerla valer ante el Consejo de la Judicatura Federal. Incluso, en los recientes concursos de magistrados, integrantes de la sociedad civil (Iluminemos México) presenciaron el mecanismo para obtener las 50 preguntas de la primera etapa. En el anterior concurso para magistrado, a mediados de año, la primera etapa fue presenciada por periodistas de diversos medios.

La labor que desempeñan jueces y magistrados federales es muy delicada. Dependiendo de la etapa procesal y del tipo de juicio, en ambos cargos se pueden dictar resoluciones irrecurribles. De ahí la necesidad de seleccionar cuidadosamente a quienes desempeñarán tal función. Su elección por medio de estos concursos muestra la transparencia y apertura de un Poder Judicial moderno.

Sin estos concursos abiertos y transparentes, muchos de los actuales funcionarios judiciales jamás habrían obtenido el cargo, bajo el sistema anterior de designación.

La democracia se ha anidado en el Poder Judicial Federal: eso redunda en su credibilidad ante la sociedad.

*Juez tercero de Distrito de Amparo en Materia de Amparo Penal