Los diputados federales decidieron castigar la transparencia, los recursos electorales, y los judiciales, antes que sus propuestas de infraestructura que les reditúa en sus estados y municipios.

En el dictamen de Presupuesto de Egresos 2009, que se encontraba en la mesa de negociación al cierre de esta edición, se propusieron recortes severos al Poder Judicial y al Instituto Federal Electoral (IFE) y ajustes a los recursos de las cámaras que conforman el Congreso de la Unión, Auditoría Superior de la Federación (ASF) y Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Los diputados federales, junto con sus coordinadores, acordaron desde el fin de semana pasado, un recorte de 20 mil millones de pesos a gasto corriente; de ellos, 12 mil se aplicaría al gobierno federal, y 8 mil millones a órganos autónomos y a los poderes Legislativo y Judicial.

A cambio de ello, la Secretaría de Hacienda sería la responsable de ejecutar los recortes y, con ello, garantizarían no afectar los programas de operación de las dependencias.

Hasta la noche de ayer, el gobierno federal había presentado recortes al gasto corriente por tan sólo 6 mil 650 millones de pesos, casi la mitad de lo comprometido con coordinadores parlamentarios de los tres principales partidos en San Lázaro: PAN, PRD y PRI.

En contraste, Hacienda le presentó a los diputados federales un recorte al Poder Judicial de 5 mil 600 millones de pesos, de los 38 mil solicitados desde septiembre pasado.

Las afectaciones económicas principales están en el presupuesto del Consejo de la Judicatura y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; además del gasto corriente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Al IFE le ajustaron su presupuesto a la baja por mil millones de pesos —sin embargo, aún en la madrugada se discutía una probable reducción a 700 millones de pesos—, a cambio de ello se propuso un artículo transitorio al decreto del Presupuesto de Egresos, en el que abren la puerta a ampliaciones en 2009, para la actualización del Registro Federal de Electorales, y los requerimientos del Proceso Electoral 2008-2009.

En tanto, a la ASF el recorte iba en 170 millones de pesos, que representan un retroceso histórico en el ejercicio de auditorías a la administración pública.

El órgano fiscalizador pidió mil 200 millones de pesos para 2009, y con ellos llegar a 7% de fiscalización de la administración pública, que es la media internacional de transparencia y fiscalización.

Y es que por cada millón de pesos que le recorten a la ASF, se deja de hacer una auditoría y media, es decir, que con un decremento de 170 millones reduce en 250 el universo de evaluaciones al uso de los pesos públicos.

En lo que respecta al Poder Legislativo, los diputados defendieron su presupuesto de5 mil 300 millones de pesos, e intentaron recortarle la mayoría de recursos al Senado; pero al final, se acordó que fuera en partes iguales de 500 millones de pesos.

En la lista de los beneficiados con los ajustes presupuestales, están la Universidad Nacional Autónoma de México con 750 millones, de los 900 millones de pesos solicitados como adicionales; y al Instituto Politécnico Nacional le incrementaron 450 millones de pesos a su presupuesto inicial.