La Secretaría de la Función Pública (SFP) investiga a varias redes de “corrupción mayor”, que devoran recursos públicos en áreas federales, indicó el titular de la dependencia, Salvador Vega Casillas, al comparecer ayer en la Cámara de Diputados.

El secretario dijo que la dependencia a su cargo tiene investigaciones abiertas en áreas de seguridad pública —Procuraduría General de la República, Policía Federal Preventiva y Secretaría de Seguridad Pública— sobre manejos administrativos.

Vega Casillas fue recibido con reclamos de los diputados sobre los resultados en el combate a la corrupción, el costo al erario de la SFP, el poco control en los recursos que ejercen estados y municipios; también oyó preocupaciones por el eventual uso electoral de fondos públicos.

Explicó que a lo largo de los años, se construyó una maraña de trámites en el gobierno, con el objetivo de evitar la corrupción, pero se tuvieron efectos contrarios, ya que “la complejidad administrativa es el caldo de cultivo para muchos actos ilegales”

“En buena parte, la corrupción y la ineficiencia del sector público existe porque se le tolera y se colabora con ella”. Así, auditorías, sanciones y denuncias por sí solas atacan el efecto del problema.

La cultura de la legalidad es la alternativa, señaló al referir que países con mejores resultados contra la corrupción tienen leyes blandas, pues los ciudadanos temen más a la condena social.

Pidió trabajar para “eliminar las oportunidades de corrupción”, que están muchas veces en los trámites, de los cuales “hay un exceso”.

Informó que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ahorró 8 mil millones de pesos en compras de medicamentos, al recurrir a la figura del testigo social.