La Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley General de Educación que otorga apoyos de reingreso al sistema educativo a las adolescentes embarazadas.

Con la reforma, se prestarán servicios educativos para atender a quienes abandonaron el sistema regular, que facilite la terminación del nivel básico de educación, otorgando un libre acceso y permanencia a las mujeres.

La reincorporación de estas jóvenes al sistema educativo —señala el dictamen avalado por todos los partidos en la Cámara baja— constituye un factor fundamental para apoyar y brindar mayores oportunidades a las madres solteras y un mejor futuro para sus hijos.

Además del embarazo adolescente existen otros factores importantes que derivan en el abandono o interrupción de los estudios, como problemas económicos, familiares y de salud.

Por ello, el dictamen prevé la realización de acciones para prevenir el embarazo adolescente, a fin de que el Estado brinde oportunidades a todas las mujeres para continuar y culminar su educación.

Se promueve que a pesar de que existen políticas públicas como las becas de Oportunidades, el Programa de Becas para Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas de la Secretaría de Educación Pública, es preciso redoblar esfuerzos y asegurar el apoyo a las mujeres adolescentes embarazadas para su ingreso, permanencia o reinserción en el sistema educativo.

De acuerdo con la iniciativa presentada por el diputado Jorge Quintero Bello (PAN), en México se registran cada año más de 400 mil embarazos en mujeres adolescentes, es decir, de 100 partos diarios, 60 corresponden a edades de 13 a 19 años.

La diputada del PRI Yolanda Rodríguez aseguró que el acceso de las mujeres a la igualdad de oportunidades en la educación debe considerarse una prioridad para el Estado, ya que es parte fundamental de crear una nueva sociedad, más preparada.

“Una adolescente puede ver cancelado su proceso educativo y sacrificado su futuro y eso es lo que queremos evitar a toda costa”, dijo.

Las diputadas integrantes de la Comisión de Equidad y Género de la cámara de Diputados, coincidieron en que esta reforma que fue enviada al Senado reconoce las desigualdades existentes entre mujeres y hombres; e incorpora elementos que fomentan el respeto de los derechos humanos de las personas, y la necesidad de integración social con grupos vulnerables.

El dictamen señala que es necesario contribuir en todos los niveles educativos y de gobierno a la erradicación de la violencia, especialmente la que se ejerce contra las mujeres y niños, así como la obligación de las instituciones educativas para generar indicadores sobre su avance en la aplicación de métodos para prevenir y eliminar cualquier forma de discriminación.