Cuando la guerra de dos años contra el crimen organizado no ha sometido a los cárteles, en el Congreso el otoño deshoja más que árboles: deja caer lo que sugiere será un bombardeo de iniciativas de leyes de los grupos parlamentarios y del Ejecutivo para amarrar triunfos en la seguridad pública.

El ánimo de iniciar leyes por una mejor policía y justicia, en el caso del PRD va acompañado de audaces propuestas para atacar a las bandas en la esencia de su poderío, el dinero, propiedades, empresas, que usualmente salvan sus prestanombres y los hoyos de la legislación.

Un paquete de ocho propuestas (crecerá a 10) del diputado del PRD Andrés Lozano Lozano han sido turnadas a las comisiones de Seguridad Pública y Justicia, y ahí serán estudiadas con los proyectos semejantes que a su vez inicie el Ejecutivo, así como otros legisladores, del PAN y PRI, principalmente, en un proceso que ya empezó y tiene fecha de término, el 15 de diciembre próximo.

Andrés Lozano dice que está por presentar dos iniciativas más, en materia de justicia, con lo cual el PRD cumple su compromiso de aportar soluciones con una visión integral de los desafíos de la seguridad pública del país, exacerbados por el crimen organizado.

El propósito de debilitar la estructura financiera de las organizaciones criminales, lo busca el PRD con la iniciativa de Ley General de Extinción de Dominio. Las bandas perderían dinero, propiedades, empresas, casas de cambio, hoteles, restaurantes, edificios, grupos inmobiliarios que pasarían al Estado.

Una propuesta propone que la delincuencia pague a civiles y comunidades daños que haya causado al cometer delitos, y se les podría reclamar desde la alteración de la tranquilidad social, hasta lesiones, daño emocional, secuestros, homicidios, destrucción material.

El legislador está satisfecho de los articulados de una de sus propuestas más elaboradas, del 18 de septiembre, una Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de 80 artículos, que será estudiada con otra del mismo nombre, presentada el 30 de septiembre por el presidente Felipe Calderón.

El proyecto es el diseño de una estructura de cuerpos de policía organizados, coordinados, certificados, con carrera civil. Plantea una base nacional de información sobre seguridad pública, un “quién es quién” en el sector, por medio de dos registros nacionales de Personal de Seguridad Pública, así como de armamento y equipo de corporaciones.

Perfila una nueva clase de policía, el investigador, una especie de detective colaborador del Ministerio Público, “disciplinado y profesional” en las pesquisas de delitos cometidos a través de computadoras y servidores de internet.