El presidente Felipe Calderón dijo que contrario a lo que se ha afirmado, no se busca con su propuesta de reforma a la Ley General de Salud despenalizar las drogas y el consumo, sino establecer criterios sobre cantidades específicas para definir el delito de narcotráfico.

En este tenor, el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, aclaró que la propuesta va más allá, y busca llevar adelante una estrategia de prevención y tratamiento a los verdaderos farmacodependientes y de combate al narcomenudeo.

“Lo que proponemos es entender que el problema no es un asunto exclusivamente penal o criminal, es también y, básicamente, un problema de salud, por el lado del consumo”, explicó Calderón, al entregar en Palacio Nacional, el Premio Nacional de la Juventud.

Dijo que es importante distinguir en la ley entre los criminales que envenenan a jóvenes y niños, y quienes son víctimas y padecen una adicción que debe ser tratada como un problema de salud y no criminal.

“Por eso la iniciativa busca hacer obligatorio el tratamiento preventivo y de rehabilitación, según el caso para cualquier poseedor, independientemente de las sanciones penales que tengan que aplicarse”, precisó.

El jueves, Calderón propuso al Senado despenalizar el consumo de pequeñas cantidades de droga. Con esta medida pretende hacer una diferenciación entre narcomenudeo y personas farmacodependientes.

El proyecto plantea no ejercer ninguna acción penal contra a quienes les encuentren hasta medio gramo de cocaína, dos gramos de mariguana o de opio, 50 miligramos de heroína o 40 miligramos de metanfetamina.

Según la PGR, la persona que sea detenida con cantidades mayores a las establecidas en la tabla Orientación de Dosis Máximas de Consumo Personal e Inmediato, será considerada narcomenudista y no farmacodependiente.

Su situación jurídica quedará en manos del ámbito municipal o estatal. Pero si la cantidad de droga con que se le detenga —multiplicando su peso por mil— supera las proporciones contenidas en las tablas, entonces la persona será considerada como traficante de drogas y su caso pasará al ámbito federal y será conocido por la PGR.

El presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, César Camacho (PRI), dijo que la iniciativa debe someterse a un estudio a fondo sin precipitaciones.

Diódoro Carrasco (PAN), presidente de la Comisión de Gobernación, señaló que “es una medida sensata y oportuna, mientras que el diputado Juan Guerra (PRD) estuvo de acuerdo en que sea revisada la situación del adicto a drogas, como una cuestión de salud, y no como un fenómeno delictivo. (Con información de Juan Arvizu y Jorge Medellín)