México Unido contra la Delincuencia, organizaciones sociales y académicas, alcanzaron un acuerdo para que sean universidades e institutos de educación superior las que den el seguimiento a los compromisos del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.

En una reunión en el Alcázar del Castillo de Chapultepec, acordaron que instituciones como el Tecnológico de Monterrey (ITESM), El Colegio de México (Colmex), la Universidad Iberoamericana, la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y el Instituto Politécnico Nacional (IPN), sean las que evalúen y den seguimiento de los compromisos asumidos por los poderes de la Unión y los gobiernos estatales y municipales, en el Acuerdo Nacional firmado el pasado 21 de agosto en Palacio Nacional.

Este fue el primero de varios encuentros acordados para la evaluación y seguimiento de los compromisos asumidos por los Poderes de la Unión y los gobiernos estatales y municipales, en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.

En el encuentro se acordaron los criterios y mecanismos de evaluación que servirán como instrumento para la medición de los avances de las acciones de las diversas instancias gubernamentales.

También se medirá la eficacia de las mismas y su impacto real en el abatimiento del crimen, la impunidad y la corrupción.

Se hizo un primer diagnóstico respecto de las investigaciones y trabajos que han realizado cada una de ellas como parte de sus tareas, y que son coincidentes con las acciones de evaluación y seguimiento que desarrollan.

En este encuentro coincidieron en algunos temas como la creación de un modelo nacional de evaluación y control de confianza, regulación del registro y acceso a base de datos de los equipos celulares y fijos.

Se acordó la creación de indicadores de medición del desempeño de instituciones policiacas y de procuración de justicia.

Incluso, se prevé crear un sistema de información pública sobre programas, acciones, resultados y el ejercicio de recursos públicos en materia de seguridad pública y procuración de justicia.