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El 27 de junio de 2004, otra vez con prendas blancas, de nuevo del Angel de la Independencia al Zócalo capitalino, miles de personas marcharon para exigir un México sin violencia.

Una creciente ola de secuestros, como el de ocho empresarios españoles cometidos en menos de tres meses, el asesinato sistemático de mujeres en Ciudad Juárez, los recurrentes secuestros express en taxis del DF, entre otras expresiones de la delincuencia, motivaron a la sociedad para que saliera de nueva cuenta a la calle, para exigir a las autoridades la coordinación y la acción necesarias a fin de acabar con la inseguridad.

Los videoescándalos que cimbraron al gobierno de Andrés Manuel López Obrador estaban recientes. El entonces jefe de Gobierno del DF y el presidente Vicente Fox protagonizaban una pugna política que duraría los años que le restaban al sexenio. La coordinación se reducía a lo indispensable.

En ese ambiente de crispación política, las razones para marchar evocaban a las exigencias de una movilización similar que había tenido lugar siete años atrás.

El 29 de noviembre de 1997 se llevó a cabo la primera gran marcha ciudadana contra la inseguridad. Con la misma ruta que se siguió aquella vez, los contingentes en la movilización de 2004 avanzaron por Paseo de la Reforma, avenida Juárez y la calle de Madero.

Era el mismo camino, los mismos planteamientos y las respuestas también fueron similares a las de la ocasión anterior, con discursos y compromisos de los políticos que derivaron en algunas acciones, pero ninguna de ellas fue permanente.

Así, por ejemplo, nueve estados del centro del país -Distrito Federal, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Veracruz, Michoacán, Puebla, Tlaxcala y estado de México-, integraron un comando especial contra la delincuencia que entró en operaciones el 12 de julio de ese año.

La medida contempló el despliegue de 25 mil policías en la región para crear un “cinturón” policiaco que restringiera la entrada y salida de delincuentes de un estrado a otro. El gran despliegue sólo fue memorable por las fotos.

Tras la marcha del 27 de junio Andrés Manuel López Obrador sorprendería a propios y extraños con sus declaraciones. El tabasqueño acusó “mano negra o blanca” en esa movilización. Dijo que la protesta había sido resultado de la manipulación de la derecha, el oportunismo del gobierno federal y el amarillismo de los medios de comunicación.

Días después diría que con esa declaración no había ofendido a nadie y por eso no podría disculparse ante nadie, aunque en la segunda semana de julio se reunió con los organizadores de la marcha, con quienes acordó practicar auditorías permanentes a las cifras delincuenciales de la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia de la ciudad.

Además, el tabasqueño les dijo que podrían acudir a las reuniones diarias del gabinete de seguridad y justicia; le tomaron la palabra la dirigente del movimiento Pro Vecino, Laura Elena Herrejón y el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad del DF, Fernando Shütte.

Pero las auditorías y la participación ciudadanas no fueron permanentes; después de la marcha comenzaron las divisiones entre los propios convocantes a la movilización, lo que diluyó el seguimiento de las exigencias.

A nivel federal Vicente Fox presentó un plan anticrimen el 1 de julio, que incluía 10 acciones concretas como la entrega de recursos adicionales a los estados para el combate a la delincuencia, la integración de un grupo especial antisecuestros y la homologación de penas contra ese delito en todo el país.

Fox dijo que tendría resultados en 60 días, pero se adelantó y el 16 de agosto de ese 2004 salió a decir que las 10 acciones se habían cumplido, lo que no compartieron gobernadores y convocantes de la marcha, quienes acusaban que las medidas no iban al fondo del problema y sólo pasaba la responsabilidad a las entidades.

Concluyó su gestión y la delincuencia sigue sin freno. Hoy vendrá otra marcha....