De hecho, la sociedad debería de cuestionar no sólo al gobierno federal, sino a los gobernadores y al jefe de Gobierno capitalino, por qué la mayoría de las propuestas no se habían implementado antes, especialmente cuando todos los indicadores señalaban que había un importante incremento en los índices de criminalidad incluyendo homicidios, secuestros y robo de autos. ¿Los nombres de cuántos muertos había que poner sobre la mesa de discusión para que por fin se llevara acabo esta cumbre sobre inseguridad?

Analicemos algunas de las propuestas:

1. Mayores presupuestos para el combate a la delincuencia, con el fin de crear una bolsa común de recursos.

Si bien es cierto que los recursos económicos son de suma importancia para el combate a la delincuencia, el asunto no se trata únicamente de aumentarlos porque sí. Está comprobado, de acuerdo con datos del Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad (Icesi), que en los últimos 10 años los presupuestos en este rubro se han incrementado cuatro veces en términos reales. Sin embargo, los índices criminales no han bajado; al contrario, se han incrementado. De hecho, puedo afirmar que aunque se aumentara en 100% los recursos asignados al combate a la inseguridad, no habría un cambio cuantitativo y menos cualitativo en la realidad de hoy. Aunque más recursos podrían ser un factor, el tema se centra en la forma en la que se ejercen esos recursos y los resultados esperados por la inversión realizada. De nada servirá mayor dinero si se continúan aplicando en medidas que atacan consecuencias y no causas.

2. Creación de dos penales federales especiales para secuestradores y de 10 estatales.

Es de todos sabido que la readaptación social vive una crisis institucional severa. La idea de crear dos cárceles federales especializadas en recibir secuestradores es buena medida sólo en parte, pues para su funcionamiento requerirá de otras medidas paralelas. De nada servirá la construcción per se de esos inmuebles si el sistema continúa siendo el mismo, con el mismo nivel de corrupción. Se requerirá de una profunda cirugía del sistema en la que se contemple una nueva organización (administrativa y operativa), pero sobre todo una reforma profunda del sistema judicial.

3. La formación de una base nacional de datos de celulares.

¿Es viable registrar y vincular 65 millones de números de teléfonos al nombre y domicilio de una persona? ¿Qué tan fácil será que los delincuentes no aparezcan en esa base de datos? ¿No será más efectivo incrementar dramáticamente los sistemas de rastreo de celulares que se utilizarían en las investigaciones? Tener la información de los millones de usuarios de celulares podría ser útil en la investigación, pero los costos, los posibles riesgos y la efectividad de esta medida son cuestionables.

www.anamariasalazar.com