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Diputados de PAN, PRD y PRI polemizaron por las propuestas del presidente Felipe Calderón y del jefe de Gobierno del DF, Marcelo Ebrard, sobre una nueva política de seguridad, y se acusan unos a otros de no resolver de fondo la inseguridad en México.

El lunes pasado, el jefe de Gobierno anunció la desaparición de la Policía Judicial para integrar una nueva corporación con carácter de investigadora, además de un plan de recompensas para quien, con denuncia de por medio, conduzca a la captura de secuestradores y homicidas.

Asimismo, el presidente Calderón propuso la semana pasada dar penas de prisión perpetua a secuestradores que cometan el delito con agravantes.

El vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Cristián Castaño Contreras (PAN), aseguró que la desaparición de la Policía Judicial en el Distrito Federal no garantiza la confiabilidad en una nueva corporación.

Aseguró que las exigencias de la gente van más allá del “cambio de nombre de las corporaciones policiacas”.

“Esperamos que si se le cambia el nombre (a la Policía Judicial), no se le queden los mismos apellidos”, dijo.

En relación con el llamado que hizo el presidente Felipe Calderón Hinojosa para detener la reciente ola de violencia, el panista aseguró que es indispensable la coordinación entre los niveles federal y estatales en materia de seguridad.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, el diputado priísta Francisco Rivera, dijo que ni con recompensas, ni con cadena perpetua, se resolverá un problema de fondo, en la implementación de la seguridad.

Por su parte, el vocero del PRD en San Lázaro, Luis Sánchez (PRD), dijo que la cadena perpetua no es una propuesta viable.

Además, Castaño anunció que un grupo de diputados del PAN participará en la marcha contra la inseguridad convocada para el próximo 30 de agosto.

El diputado panista afirmó, sin embargo, que no asistirán con bandera panista; “vamos a asistir como ciudadanos a solidarizarnos sin ninguna causa de índole política”, dijo.

Respecto a la conformación del Fondo de Recompensa por 100 millones de pesos para raptos a quien dé información de secuestradores, Rivera Bedoya consideró la medida como buena.

“Creo que es correcto que se restrinja el personal que tenga acceso a la información, porque la experiencia que estamos teniendo es que ya no es confiable ningún cuerpo de seguridad. Entonces, así ya no quedaría más que la cabeza, que es el procurador; si algo sale mal, él va a responder por lo que suceda”, dijo.