Los hermanos Beltrán Leyva, unos de los narcotraficantes con más poder y presencia en el país, infiltraron a la Procuraduría General de la República (PGR) a través de una célula de servidores públicos federales —tres militares y dos funcionarios—, quienes desde la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) servían al grupo delictivo.

Hasta el momento, seis servidores públicos han sido detenidos y arraigados por 40 días, para quedar sujetos a investigación.

Héctor y Arturo Beltrán rompieron recientemente su sociedad con el líder del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, y han creado su propia organización presuntamente en alianza con Los Zetas, ordenando incluso la ejecución de altos mandos policiacos federales como la de Édgar Millán, asesinado en mayo pasado en el Distrito Federal.

Autoridades de la PGR confirmaron a EL UNIVERSAL que entre los seis detenidos están Miguel Colorado González, quien era coordinador de Servicios Técnicos de la SIEDO y uno de los hombres de confianza del ex titular de esa área, Noé Ramírez Mandujano.

También mencionaron que la investigación interna arrancó con datos publicados por algunos medios de comunicación, que provenían de averiguaciones previas en curso.

Además, quedaron sujetos a la medida cautelar José Antonio Mejía, coordinador de los policía federales asignados a esta área, además del agente federal Jorge Alberto Zavala.

Los funcionarios fueron capturados la semana pasada por policías federales en la SIEDO; en la operación para desmantelar a esta célula al servicio del narcotráfico también participó la Policía Militar para detener a tres de sus elementos asignados a la Subprocuraduría.

Se reveló que entre los detenidos en la operación militar están el capitán del Ejército Fernando Rivera Hernández, Milton Carlos Cilia Pérez y Roberto García García, comisionados a la PGR.

Las autoridades consultadas asentaron que el desmantelamiento de la célula se debió a labores de inteligencia militar, que con apoyo de la Visitaduría de la PGR permitió detectar la colaboración de los funcionarios con el grupo de los Beltrán Leyva, a manera de escudo de protección a sus actividades criminales, alertando a sus integrantes sobre los operativos e investigaciones de la SIEDO.

Sobre la infiltración del narcotráfico en el área que lo combate—que evidencia la red de corrupción consolidada por los Beltrán Leyva— después de solicitar su postura sobre el caso, anoche la PGR dijo que los funcionarios al parecer filtraron datos reservados de averiguaciones en curso “a personas no autorizadas”.

La detección de esta célula de funcionarios ligados al narcotráfico ocurre a pocos días de que el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, emprendió una reestructuración en esa dependencia por instrucción presidencial, para fortalecer el combate al crimen organizado.

La estrategia se tradujo el 30 de julio en la renuncia del titular de la SIEDO, Noé Ramírez Mandujano, y de Mario Arzave Trujillo, encargado de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos contra la Salud, pues en su gestión se detectaron deficiencias en la integración de expedientes, que derivaron, por ejemplo, en la liberación de los dos únicos sospechosos de la desaparición de dos eperristas.

Otros indicios de que en los últimos meses se vulneró la seguridad en la PGR son el suicidio del presunto secuestrador Asael Alejandre Roldán, quien el 18 de abril pasado murió en los separos de la SIEDO; mientras el 7 de junio, Pedro Sánchez Arras, El Tigre, lugarteniente del cártel de Juárez, se evadió del Centro Nacional de Arraigos, aunque fue recapturado.