El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) consideró que las penas aplicables para garantizar la seguridad, por más altas que sean, no tendrán impacto real si no las acompañan medidas de prevención y procuración eficaz de la justicia.

En un desplegado dirigido a los poderes de la Unión, de los estados y a la opinión pública, el CCE aseguró que la impunidad es el principal enemigo.

“En México —afirmó—, 95% de los delitos son del fuero común y el 5% restante son del fuero federal. Sólo 0.7% de éstos reciben sentencia condenatoria. El 99% restante quedan impunes”.

Sin mencionar por su nombre la propuesta del presidente Felipe Calderón, quien planteó dar cadena perpetua a secuestradores, el Consejo destacó el hecho de que “las sanciones y penas aplicables, por más altas que sean, no tendrán un impacto real en el nivel de inseguridad que padecemos, mientras no sean acompañadas de acciones efectivas”.

Para lograr acabar con la impunidad y la inseguridad, dijo, es necesario reclutar policías y custodios bien pagados, mejor capacitados, con sistemas de carrera, que incrementen la calidad de su desempeño y los niveles de honestidad en los cuerpos policiales.

“Transformar las agencias del Ministerio Público en centro de atención a víctimas para desburocratizar procesos que inhiben 85% la presentación de las denuncias”.

Se debe otorgar autonomía constitucional al Ministerio Público para evitar que se politice y manipule la procuración de justicia; y precisar y articular las facultades de prevención e investigación del delito.

En el desplegado que suscribieron los principales grupos empresariales del país, le pidieron a las autoridades “presentar y aprobar las iniciativas conducentes para que dicha reforma se implemente de inmediato”.