La Secretaría de Gobernación (Segob) delegará en funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM) la responsabilidad de presentar denuncias penales por delitos derivados del tráfico de personas, las cuales recaían desde 1998 únicamente en los titulares del INM y de la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos.

Un caso reciente de este delito ocurrió hace dos meses, cuando un grupo armado, que no ha sido capturado, “arrebató” 33 cubanos a agentes migratorios que los custodiaban.

Según el anteproyecto de un acuerdo que entrará en vigor una vez que se publique en el Diario Oficial de la Federación, los delegados regionales, subdirectores y jefes de departamento adscritos a las delegaciones del INM estarán facultados para presentar las denuncias contra quienes cometan ilícitos.

“(Podrán) formular denuncias y querellas que legalmente procedan por la comisión de delitos establecidos en la Ley General de Población y en otras normas jurídicas distintas a la mismas, en los que los agentes activos o pasivos del delito sean mexicanos o extranjeros de cualquier nacionalidad, incluyendo apátridas”, señala el documento.

EL UNIVERSAL solicitó ayer al INM informes sobre el número de denuncias presentadas en los años 2006, 2007 y 2008, pero no hubo respuesta.

La comisionada del INM, Cecilia Romero Castillo, informó el 29 de julio a legisladores que desde 2007 y en lo que va del presente año ha destituido a 196 empleados de Migración —de una plantilla estimada en alrededor de mil 300 servidores públicos—, por su presunta participación en redes de tráfico de migrantes, además de reubicar a otros 247 agentes.

El 25 de junio, Juan Camilo Mouriño, secretario de Gobernación, anunció ajustes en Migración y la aplicación de exámenes de confianza y de polígrafo, así como toxicológicos, a los más de mil 300 miembros del INM.

El 30 de julio, la Segob y la SSP firmaron un convenio para la custodia del traslado de migrantes que, según las propias autoridades, ya se venía realizando, pero por alguna razón no aclarada el 11 de junio no se estaba aplicando durante el traslado de los cubanos.

Ahora, la oficina de Mouriño Terrazo busca dotar de más facultades a funcionarios de Migración, pero aclara que “no conlleva la de otorgar el perdón, quedando dicha facultad reservada para que la ejerza exclusivamente el comisionado del INM”.