La Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó en comisiones un dictamen con el que pide al presidente Felipe Calderón y al secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, la remoción del director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Guillermo Valdés.

La decisión se tomó luego de que el Cisen ordenara a la empresa Consultores en Diseño de Estrategias Político-Legislativas un análisis, clasificado por 12 años, sobre el trabajo de diputados y de senadores, como lo publicó EL UNIVERSAL.

Pese a la oposición del PAN, la mayoría de PRI, PRD, PT y Convergencia, determinó además que se exhorte a la Secretaría de la Función Pública y a la Auditoría Superior de la Federación para que indaguen la asignación del contrato.

El punto de acuerdo será presentado hoy al pleno de la Permanente, que sesionará en el Senado, para su debate, votación y eventual aprobación. Se trata de un pronunciamiento político, ya que no obliga al Ejecutivo a remover a Valdés.

En un debate que duró casi dos horas, PAN y FAP confrontaron posiciones. Los panistas Héctor Larios, Fernando Elizondo, Humberto Aguilar y José Luis Espinosa dijeron que el Cisen puede contratar a privados para realizar ciertas labores.

En contraste, el priísta Raúl Cervantes junto con Valentina Batres y Pablo Gómez destacaron que la inteligencia mexicana no puede poner en manos de privados, en este caso una empresa, información que ha sido catalogada como reservada para la seguridad nacional.

Al final, el senador de Convergencia, Dante Delgado, propuso una serie de modificaciones al dictamen mediante el cual en lugar de pedir la renuncia del funcionario se exhorta al Ejecutivo a removerlo y desiste de que intervengan en la investigación la Secretaría de Hacienda y la PGR.

EL UNIVERSAL reveló el pasado 26 de mayo que esta empresa privada dio seguimiento durante cinco meses a actividades del Poder Legislativo en México, a petición del Centro de Investigación y Seguridad Nacional.

Mediante el contrato CISEN/LIQ/024/07, por un millón de pesos, la empresa Consultores en Diseño de Estrategias Político-Legislativas fue ocupada “para consulta de la información sobre el Legislativo (sic) y su actualización continúa en la herramienta automática (base de datos), las 24 horas del día los siete días de la semana”.

En el contrato, al que se tuvo acceso con base en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, los pasajes acerca de los “métodos, técnicas y procedimientos útiles a la generación de inteligencia”, así como nombres de servidores públicos del Cisen fueron reservados por 12 años.

Por otra parte, el supuesto espionaje que se desarrolla en el Senado de la República —denunciado por el senador priísta Manlio Fabio Beltrones— alcanzó a legisladores de los grupos parlamentarios del PRD y del PAN en la Cámara Alta.

Gustavo Enrique Madero, líder senatorial panista, desacreditó las versiones que lo ubican como objeto de seguimiento: “Si es así creo que son espías de primaria o de esos del agente 86, porque ponen puras cosas que están fuera de la realidad”.

Mientras, la víspera el vicecoordinador perredista Ricardo Monreal reveló que también es espiado y anunció que solicitará a Beltrones una copia del expediente que, afirma el priísta, tiene en su poder para presentar una denuncia ante la PGR. (Con información de Jorge Ramos)